Inspectores de Hacienda transformados en 'policías' fiscales. Es el nuevo Servicio de Investigación judicial financiera (SEJF) puesto en marcha por el ministerio de Acción y Cuentas Públicas francés para luchar contra el gran fraude. Veinticinco agentes actuarán bajo mandato judicial contra los casos de mayor complejidad con atribuciones policiales pero sin tener que recurrir a los servicios del Ministerio del Interior, actualmente saturados.
Los agentes han recibido seis meses de instrucción en la Escuela de Aduanas de Tourcoing, al norte del país, y tendrán la capacidad de realizar seguimientos, escuchas telefónicas o colocar balizas en automóviles durante sus investigaciones para intentar evitar se esfumen entre 60.000 y 80.000 millones de euros de impuestos anualmente. También podrán realizar detenciones en base al Código procesal penal francés.
Entre los miembros del nuevo equipo hay funcionarios tanto de la brigada antiblanqueo del ministerio de Economía como de la Dirección Nacional de verificación de situaciones fiscales (DNVSF), que controla a los seis mil contribuyentes más ricos del país. Todos ellos trabajarán junto a los 241 agentes del Servicio Nacional Judicial de Aduanas (SNDJ).
Francia aprobó el pasado mes de octubre una ley de lucha contra el fraude que ha experimentado un crecimiento del 20% en los últimos años. Aunque el refuerzo del Gobierno de Emmanuel Macron para evitar la fuga de capitales y elevar la recaudación no se queda en el ministerio de Finanzas, sino que este mismo mes de julio también se ha puesto en marcha una nueva subdirección de 'lucha contra la criminalidad financiera dependiente del Ministerio del Interior.
El nuevo organismo se compone de una Oficina Central de lucha contra la corrupción y de otra de represión de la gran delincuencia financiera, que encuentra cada vez tendencias más sofisticadas y métodos más tecnológicos.
Hay voces que consideran que la existencia de dos cuerpos distintos dependientes de dos ministerios para luchar contra el mismo objetivo sienta las bases para una presumible "guerra" de servicios del Estado galo. En 2018, las autoridades fiscales consiguieron recuperar 11.600 millones de euros como parte de la lucha contra el fraude, 500 millones menos que en 2017.
