Las elecciones del 27 de septiembre de 2015 estaban marcadas en rojo dentro de la hoja de ruta independentista. Se plantearon en clave plebiscitaria y sirvieron para medir la fuerza que tenían en Cataluña los partidos que habían promovido el proceso soberanista. El problema es que estas formaciones no pudieron alcanzar el 50% de los votos, por lo que, al día siguiente, El Periódico de Catalunya tituló su edición impresa con un titular rotundo: ‘Amarga victoria’.
Ese titular sentó como un tiro en la cocina del soberanismo, hasta el punto que el jefe de campaña de Junts pel Sí, Oriol Soler, explotó unas horas después de los comicios y definió a este diario como “un museo del antiperiodismo y la indignidad”, dado que, entre otras cosas, se había dedicado durante toda la campaña electoral a exponer los riesgos que implicaría una posible independencia de Cataluña.
Pasaron los meses, Carles Puigdemont llegó a la presidencia, las posiciones se radicalizaron aún más y la Generalitat comenzó a trabajar para organizar un referéndum de autodeterminación. Al contrario que la poderosa brunete mediática del soberanismo, encabezada por TV3 y respaldada por decenas de medios impresos y digitales, El Periódico se opuso a esta vía y así lo manifestó en sus editoriales.
La tensión alcanzó su cenit en agosto de 2017, tras el atentado de La Rambla de Barcelona. Entonces, El Periódico dejó en evidencia al independentismo, al publicar que la CIA había avisado a finales de mayo de ese año a los Mossos d’Esquadra sobre el riesgo de que se produjera un atentado en esta ciudad. Fuentes de la dirección del Grupo Zeta inciden en que esa información se la proporcionó el propio Puigdemont a Antonio Asensio. Posteriormente, Asensio se la trasladó a Enric Hernández –director de El Periódico-, sin embargo, desde la Consellería de Interior –entonces encabezada por Jordi Jané- pidieron al rotativo que no difundiera ese dato para no generar alarma social. Y así ocurrió durante varias semanas.
Tras el atentado, Hernández y Asensio decidieron hacer pública esta información, que Joaquim Forn, sucesor de Jané, desmintió, a sabiendas de que era verídica. El mismo día en que El Periódico relató estos hechos, un miembro de la Generalitat llamó al consejero delegado del Grupo Zeta, Agustín Cordón, y le trasladó un mensaje: o cesaba a Enric Hernández o el diario sufriría un boicot sin precedentes, según explican los mismos informantes.
Entonces, el aparato independentista comenzó una campaña para disuadir a los suscriptores de El Periódico de renovar su abono. Desde el Grupo Zeta, tuvieron constancia de que una delegación de la Asamblea Nacional Catalana trasladaron a los miembros de la publicación ‘El 9 Nou’ la conveniencia de que rompiesen el acuerdo de distribución conjunta que tenían con El Periódico. Así se decidió.
Llama la atención que en 2017 la cantidad de dinero que este rotativo ingresó por publicidad institucional fuera el 40% menor que el año anterior. En 2018, ocurrió igual. Las fuentes de la dirección de Zeta consultadas por este periódico inciden en que el recorte se debió en el primer ejercicio a una represalia por la línea editorial del diario, mientras que, en el segundo, con el presupuesto publicitario ya en manos de ERC, a un intento de asfixiar al grupo.
La cantidad de dinero que este rotativo ingresó por publicidad institucional fue el 40% menor que el año anterior. En 2018, ocurrió igual.
Este punto es importante, dado que el enfrentamiento que mantuvo Zeta con el independentismo se recrudeció en un momento en el que se aceleró su proceso de venta, tras la última refinanciación de su deuda por parte de las entidades bancarias. Casi en paralelo, se plantearon duros recortes a las plantillas de sus diarios –el juicio por el ERE de Sport sigue aún pendiente de resolución- y se cerraron Tiempo e Interviú. Mientras tanto, los soberanistas llevaban su desafío al Estado hasta las últimas consecuencias y realizaban el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Acuerdo de venta
El proceso de venta avanzó lento, entre otras cosas, por la imposibilidad de los grupos de prensa, con una economía de guerra, para abordar una operación de estas características. No era el caso de Jaume Roures, cuyo negocio va viento en popa y quien presentó una potente oferta antes del final de año que era bastante más alta que la que había propuesto Javier Moll.
En esas fechas, Enric Hernández recibió una oferta de Rosa María Mateo para sustituir a Eladio Jareño como director de TVE e inició conversaciones para desvincularse de El Periódico, a sabiendas de que la llegada de Roures –amigo de Oriol Junqueras y el candidato perfecto para ERC- supondría su cese fulminante. Cuando esto sucede, los directivos de Zeta le comunicaron que su intención era la de vender el grupo a Moll, quien tenía previsto ofrecer a Hernández -según le trasladaron- un puesto ejecutivo en el diario, por encima del director.
En febrero de 2019, con ERC presionando para que El Periódico pasar a formar parte del ‘imperio Roures’, Antonio Asensio y Javier Moll alcanzaron un principio de acuerdo para la venta del grupo, explican las mismas fuentes de la Dirección de Zeta. Poco después, el pool bancario que mantenía un crédito sindicato de 100 millones de euros con la sociedad editora llegó a un acuerdo con Moll para traspasarle la titularidad de la deuda, a cambio de una quita del 70%.
En este grupo de bancos se encontraban entidades como CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, que tenían reticencias a vender a Roures uno de los pocos aliados mediáticos del constitucionalismo en Cataluña, como es El Periódico. A la vista de estos hechos, el dueño de Mediapro pasó al ataque y denunció la existencia de “fuerzas oscuras” que habían decantado la operación del lado de Moll.
El problema es que esta operación de quita de deuda requería la aprobación del 85% de los miembros del pool bancario, tal y como exige la ley; y entre los deudores -13,2 millones de euros- se encontraba el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, que en un primer momento dijo que no estaba dispuesto a aceptar.
Finalmente, lo hizo, lo que implicó una pérdida de 9,2 millones de euros para el erario público. Poco después, se confirmó la venta del grupo y se anunció el nombramiento de Anna Cristeto como directora de El Periódico de Catalunya y de Joan Tapia –exdirector de La Vanguardia y bien visto por CaixaBank- como responsable editorial-. A Enric Hernández se le ofreció un cargo de una menor responsabilidad al “ejecutivo” que iba a ocupar en un primer momento, para satisfacción de ERC, que le tenía vetado. Fuentes del staff de El Periódico inciden en que el mensaje que se ha transmitido es que el rotativo defenderá el constitucionalismo, pero evitará conflictos innecesarios con la Generalitat.
Este tema ha ocasionado suspicacias dentro del independentismo, hasta el punto que desde la CUP han pedido explicaciones al Govern por la quita de deuda y las condiciones que lleva aparejadas. Incluso miembros de Junts per Catalunya han cuestionado esta operación, dado que Roures llegó a presentar una oferta 'mejor' a la banca a acreedora. La Generalitat, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes del Parlament no descartan que este tema obligue a algún miembro del Govern o del Instituto Catalán de Finanzas a comparecer en la Cámara. Todo puede pasar.
