Un movimiento político ha desequilibrado el Consejo Audiovisual de Cataluña. Es la marcha del órgano de Eva Parera, una consejera nombrada en 2014 por CiU -cercana a Unió- que a partir de ahora se desempeñará como concejala del Ayuntamiento de Barcelona, tras presentarse a las elecciones municipales dentro de la candidatura de Manuel Valls.
Parera formaba parte del grupo de tres consejeros -junto con Daniel Sirera y Carme Figueras- que más combativos se han mostrado durante los últimos años con las injerencias del independentismo en los medios de comunicación públicos catalanes. De hecho, han sido varios los votos particulares que han presentado para dejar constancia de su desacuerdo con otras tantas decisiones.
La propia Parera ha explicado a Vozpópuli que oficializó su renuncia el pasado 14 de junio, es decir, un día antes de que se constituyera el Pleno consistorial y se renovara a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal.
Hasta el pasado viernes, el CAC estaba conformado por seis consejeros, todos ellos elegidos por el Parlament, a propuesta de los grupos políticos. La candidatura de Sirera la impulsó el PP, mientras que la de Figueras, el PSOE. Los otros tres vocales son Salvador Alsius, Yvonne Griley y Roger Loppacher, que fueron designados por CiU y ERC.
Loppacher es el presidente y su voto de calidad ha servido hasta ahora para romper los empates -3 a 3- que se han producido en el Consejo durante los últimos tiempos. En la gran mayoría de los casos, la pelota siempre caía del lado de la Generalitat, explican fuentes cercanas al organismo.
Con la actual estructura del Consejo se han tomado decisiones polémicas, como la que sostuvo que la polemista Empar Moliner realizó un simple acto "satírico" y "humorístico" al quemar un ejemplar de la Constitución Española en un plató de TV3.
Un tiempo después, el CAC se negó a reprobar la actitud de Mónica Terribas -locutora de Catalunya Ràdio- cuando apeló a sus oyentes a ayudar a localizar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajaban en el dispositivo destinado a evitar la celebración del referéndum del 1-O.
Competencias en licencias
Hay que tener en cuenta que, entre las atribuciones del CAC, se encuentra la de gestionar las licencias de radio y de televisión en Cataluña, lo que, entre otras cosas, permite dar fuerza a los medios aliados de la Generalitat. Desde hace un tiempo, se espera la convocatoria de varios permisos de emisión -entre ellos, uno en Manresa-, sin embargo, el asunto ha permanecido congelado, en un momento de tensión política y de conocidas diferencias entre Junts per Catalunya y ERC.
El último 'gran reparto' de licencias de televisión que realizó este organismo tuvo lugar en 2014, cuando adjudicó seis frecuencias a El Punt Avui TV. Es decir, a la empresa más cercana a Carles Puigdemont -nombrado president a posteriori- y a una de las principales aliadas del independentismo. Poco después, el CAC abría un expediente contra ella ante las sospechas de que había incumplido las condiciones de adjudicación. En noviembre de 2016, le imponía una pequeña sanción de 12.001 euros por esta circunstancia.
Unos meses antes de que estos permisos de emisión fueran a parar a Hermes Comunicacions (El Punt Avui), el Consejo repartió 22 licencias de radio FM en toda la comunidad autónoma. El gran perjudicado fue el Grupo Zeta, casualmente, uno de los más beligerantes contra el proceso soberanista. Godó -que entonces contaba con José Antich al frente de La Vanguardia- obtuvo 9 permisos de emisión. Flaix, un total de 6.
Este último, estaba dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714. En 2015, formó parte de las listas de Junts pel Sí.
