El presidente de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez, será investigado por la justicia por una causa que, hasta hace unas horas, permanecía cerrada. Se trata de una querella que los trabajadores de Telemadrid le interpusieron después de que contratara a la empresa Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) para realizar la producción de varios contenidos de su parrilla, en un momento en el que estaba abierto el Expediente de Regulación de Empleo que culminó con el despido de más de 800 miembros de su plantilla.
La Audiencia de Madrid justifica la reapertura de esta causa en la necesaria revisión de la documentación y los testimonios que se tomaron sobre este asunto durante el periodo de instrucción. Este tribunal ha admitido de forma parcial una querella en la que los representantes de los trabajadores de Telemadrid (de CC.OO. y CGT) acusan a Sánchez de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, un delito societario y otro contra los derechos de los trabajadores, según figura textualmente en el texto legal.
En la querella, se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos
Cabe recordar que Sánchez fue Coordinador Institucional de Telefónica Internacional desde 2004 hasta 2011, cuando fue designado director general de la televisión pública madrileña. Esto, motivó a los denunciantes a pensar que la decisión de subcontratar a una filial de su antigua empresa presentaba irregularidades.
Según trascendió en su momento, el contrato entre Telemadrid y TSA se rubricó en enero de 2013; y contemplaba un presupuesto de 450.000 euros para la prestación de los servicios técnicos necesarios para producir programación de forma provisional. En marzo, este acuerdo se amplió otros dos meses, con un coste de casi 635.000 euros.
Un currículum salpicado de episodios polémicos
José Antonio Sánchez fue elegido el pasado octubre para presidir RTVE, en una decisión que cayó como un jarro de agua fría entre una buena parte de la plantilla, que consideró que el responsable del ERE de Telemadrid no era la persona más indicada para administrar esta corporación. Este periodista oscense no fue la primera baza que barajó el Gobierno, pero accedió al cargo ante la negativa de los nombres que le antecedían en la lista de candidatos y al apoyo que le brindó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Su aterrizaje en la corporación no ha sido cómodo, pues los números rojos ahogan sus cuentas, su audiencia se encuentra bajo mínimos y sus trabajadores han afilado sus cuchillos ante la posibilidad de que se plantee una reducción de plantilla. Ahora bien, tampoco se puede decir que los conflictos de la casa le hayan pillado por sorpresa, pues ya ocupó el cargo de director general de la casa entre 2002 y 2004 y conoce bien lo que se cuece por sus pasillos y despachos. En ese periodo, con Alfredo Urdaci de jefe de informativos, se produjo el famoso episodio de “C-C-O-O”, en el que la independencia del Telediario quedó en entredicho.
El presidente de RTVE contó con el apoyo de Soraya Sáenz de Santamaría para su elección
Uno de los hechos que más han afectado a su reputación es su supuesta aparición en los “papeles de Bárcenas”, en los que aparecen dos operaciones de 800.000 pesetas en 1994 y 300.000 en 1995 a nombre de “J.A. Sánchez”. En esta época, era cronista parlamentario para el periódico ABC, bajo la dirección de Luis María Ansón.
La causa que mantiene abierta con la televisión pública madrileña fue archivada por el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón; sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrirla para afianzar algunos cabos sueltos.
