Las familias que controlan la televisión autonómica de Castilla y León, lideradas por los burgaleses José Luís Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo, han recurrido a bienes propios y a patrimonio de sus empresas para pagar 7 de los más de 10 millones de euros que les reclama la Agencia Tributaria, según informan fuentes del sector que ponen de manifiesto que los editores se han encontrado con la negativa de varias entidades financieras a las que les han solicitado líneas de crédito para abonar la deuda por impago de IVA de su UTE Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL).
El canal autonómico privado, participado al 50 por ciento por Promecal Audiovisuales (Méndez Pozo) y Edigrup Producciones (Ulibarri), recibieron entre 2009 y 2011 en torno a 70 millones de euros de la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de la adjudicación de la licencia regional para la explotación de dos canales de TDT. Sus gestores consideran que la aportación pública regional es una subvención, mientras que Hacienda estima que se trata de una prestación de servicios, hecho que provocó la demanda adelantada por este diario en noviembre de 2011.
Otras fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que los consejeros delegados mancomunados de RTVCyL, Miguel Hernán Manovel y Gregorio Méndez, han solicitado ayuda a la consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Encabezada por José Antonio de Santiago Juárez, de esta consejería depende ―tras arrebatar el control final de la competencia a la de Fomento― la aprobación de las condiciones del contrato/programa por el que se instrumenta la financiación de RTVCyL. “La empresa está tratando de repercutir a la Junta, la cual está buscando la fórmula para hacerlo, el IVA del último año (…) No lo dan por perdido; la Junta pretende personarse en los recursos jurídicos iniciados por la compañía”, aseveran fuentes cercanas al proceso.
Números rojos
En las cuentas de pérdidas y ganancias de Radio Televisión de Castilla y León S.A., a 31 de diciembre de 2011, no se ha incluido dicho montante. En total son 3,8 millones de euros en base a los 25,3 millones ingresados mediante el contrato/programa el pasado ejercicio. El resultado después de impuestos revela pérdidas de 4.855.017 euros. Mientras, Promecal Audiovisuales registró un dato negativo de 742.590 euros y 518.862 euros, tras facturar 7,9M€ y 9,7M€, respectivamente. La puntilla a estas cantidades es que la Junta de Castilla y León subvencionará este año con 22,5 millones de euros (un 10% menos) a Radio Televisión Castilla y León como consecuencia de los recortes en la Administración.
Los trabajadores asumen recortes para mantener la actividad
Dada la presión empresarial que pone en peligro más puestos de trabajo y el mantenimiento de la propia actividad, el Comité de Empresa llegó recientemente a un acuerdo temporal con RTVCyL por el que se cancelan las subidas salariales acordadas para 2012, 2013 y 2014 y que afectan a una plantilla que es en su mayoría mileurista. El objetivo de salvaguardar los mencionados puestos de trabajo, proporcionando al tiempo una parte importante de la viabilidad necesaria para el mantenimiento de la actividad televisiva de la que éstos dependen. El pacto rubricado hace hincapié en su carácter temporal y en que se cancelará en cuanto se vuelva a los números negros. En principio, según el plan de empresa dentro de dos ejercicios.
La Junta oculta el contrato/programa
Fuentes de los trabajadores, no obstante, denuncian que en diciembre de 2011 la asamblea aceptó 37 despidos improcedentes con el compromiso de un próximo mantenimiento del empleo y de cumplir con el convenio colectivo que fijaba incrementos en las nóminas. Al parecer, el convenio ha sido trasgredido ante la amenaza de nuevas bajas improcedentes. El contrato/programa firmado en 2009 por la Junta y RTVCyL al que ha tenido acceso Vozpópuli indica que “las exigencias en producción, edición, realización y emisión determinan unos recursos humanos totales de 350 trabajadores distribuidos en once centros de producción”. La plantilla, en la actualidad, es de 350 empleados, es decir, el mínimo. Está por ver si el nuevo contrato/programa, rebajado un 10% económicamente, permite recursos humanos más reducidos.
