La filtración del resultado del concurso por seis nuevas licencias de TDT antes de que este asunto pase por el Consejo de Ministros puede considerarse como un claro intento de Mariano Rajoy de comprar el silencio de sus enemigos mediáticos ante la inminencia de las elecciones generales. El presidente expresó en público hace unas semanas su profundo disgusto con Atresmedia y Mediaset por el daño que han hecho al Gobierno y a su partido con su "martilleo" sobre los casos de corrupción del PP y con el excesivo protagonismo que han concedido a Podemos en sus cadenas. Pero eso no parece haber influido en el reparto de canales pues, lejos de castigarles, no ha dudado en engordar sus negocios. Antes de que se hiciera pública esta resolución, resultaba complicado encontrar cierta coherencia en la política que ha seguido el Ejecutivo en materia de medios de comunicación. Pero, desde luego, ahora es directamente imposible.
Con esta decisión, Rajoy ha enseñado la bandera blanca a sus dos principales enemigos en el ámbito audiovisual y ha escenificado su temor a los ataques que podía recibir desde sus canales antes de las elecciones generales del próximo diciembre. Mientras sus antecesores en Moncloa se aliaron con los grupos mediáticos de su cuerda y les concedieron un claro trato de favor frente a las compañías con una línea editorial opuesta a sus intereses, Rajoy no ha dudado en regalar licencias a dos televisiones que le han lanzado dardos envenenados a diario durante toda la legislatura.
Estas dos empresas perdieron cinco canales en mayo de 2014 (Nitro, Xplora, La Sexta 3, La 7 y La 9) como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegales las concesiones que les otorgó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de una década con la excusa de potenciar la recién implantada TDT. Y, de paso, para tenerlas de su parte. Las mismas compañías que demandaron a las televisiones por haber recibido este favor ilegal del PSOE estuvieron a punto de provocar la clausura de otras ocho cadenas el pasado verano en un litigio paralelo, pero las televisiones salvaron in extremis estas cadenas con un acuerdo extrajudicial que les obligó a desembolsar 20 millones de euros para que retiraran sus recursos. De estas negociaciones, el Ejecutivo ni se enteró.
Una decisión contraria al criterio de la CNMC
La concesión de dos nuevas licencias a Atresmedia y Mediaset también va en contra de las recomendaciones efectuadas al Gobierno por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en varias ocasiones ha avisado del riesgo que supone para el mantenimiento de la pluralidad en la televisión en abierto española el hecho de que estas dos compañías acaparen el 85% de los anunciantes. De hecho, mientras el resto de las empresas del sector dan pérdidas, estos dos grupos registran beneficios multimillonarios. Basta con consultar sus resultados del primer trimestre del año para comprobar que Atresmedia ganó 55 millones de euros, mientras que Mediaset, 97,6 millones.
Mención aparte merece el hecho de que ambas empresas hayan sido expedientadas en los últimos meses por incumplir los compromisos que adquirieron en el momento en que absorbieron a Cuatro y La Sexta. También han recibido decenas de multas por saltarse la normativa vigente en materia de publicidad o en lo relativo a la protección del público infantil de contenidos inadecuados. A pesar de estos antecedentes, y de los cientos de golpes que han propinado a Rajoy durante toda la legislatura, el presidente les ha incluido en la relación de ganadores del concurso.
El castigo a Juan Luis Cebrián
De quien no se ha acordado Moncloa a la hora de distribuir las nuevas licencias para emitir en la TDT es de Juan Luis Cebrián, otrora enemigo de la derecha española, pero hoy un manso editor que, por lo que se deduce de la inocua línea editorial de El País, no olvida el favor que le hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando le ayudó a refinanciar la deuda de Prisa y le salvó de una quiebra que se daba por segura.
El presidente ejecutivo de esta compañía sorprendió a propios y a extraños el pasado abril cuando, durante la Junta General de Accionistas de Prisa, anunció su intención de presentar una candidatura al concurso de licencias para la televisión en abierto. Máxime tras haber dilapidado decenas de millones de euros en proyectos como Cuatro o Localia. En el sector audiovisual, no fueron pocos los que dieron por supuesto que Cebrián se llevaría el gato al agua, tanto por la buena relación que mantiene con la vicepresidenta, como por haber puesto a El País al servicio de Moncloa. Pero, finalmente, ha fracasado en su intento de devolver a la televisión en abierto al holding fundado por el fallecido Jesús de Polanco. Bien por lo poco competitivo que era el proyecto que presentó o bien por la pérdida de peso en Moncloa que ha sufrido Sáenz de Santamaría.
A quien Rajoy sí que ha recompensado por los servicios prestados es a la Conferencia Episcopal. Es decir, a la propietaria de sus dos principales aliados en el panorama mediático: Cope y 13TV. Este último canal malvivía en la TDT gracias a una licencia que le alquilaba a Unidad Editorial por alrededor de 2 millones de euros anuales. Las pérdidas que generaba eran tan elevadas que los Obispos se habían planteado cerrar la cadena si no eran agraciados con un permiso de emisión. Pero, como se preveía, su candidatura ha prosperado por lo que, a partir de ahora, se abre un nuevo horizonte para un canal cuya audiencia e influencia son residuales, pero que ha sabido coger el testigo que dejó Intereconomía como principal referencia del público conservador entre los canales minoritarios.
También ha confirmado que ha sido agraciada con una licencia Secuoya, una productora audiovisual que en los últimos tiempos ha conseguido jugosos contratos con televisiones autonómicas pertenecientes a comunidades gobernadas por el Partido Popular -entre ellos, el de explotación de la nueva televisión de la Región de Murcia-, y que en el pasado contó en su Consejo de Administración con personas relacionadas con esta formación política, como Miguel Ángel Rodríguez. Sus responsables han dejado claro que su intención no es la de entrar en batallas políticas, sino la de crear una cadena de entretenimiento para todos los públicos. Pero es obvio que su buena sintonía con Génova le ha ayudado a tener éxito en la subasta de canales.
Estas nuevas empresas vivirán a la sombra de las dos compañías que conforman el duopolio de la televisión en abierto, Atresmedia y Mediaset. Las mismas a las que el PP ha acusado de beneficiar al PSOE por otorgarles la publicidad que le quitó a TVE. Las mismas a las que el Gobierno ha acusado de dar alas a la izquierda radical para mejorar sus resultados de audiencia. O las mismas que son sancionadas cada poco tiempo por saltarse a la torera la normativa audiovisual española. Desde luego, Rajoy demuestra una fe ciega regalándoles nuevas licencias de TDT. O una absoluta falta de estrategia y coherencia política.
