Ya han cesado sus emisiones. Anoche, nueve canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se fueron a negro porque así lo ordenó el Tribunal Supremo. Se trata de la Sexta 3, Nitro y Xplora (de Atresmedia), La Siete y La Nueve (Mediaset), un canal de teletienda y AXN (Unidad Editorial) y dos canales de teletienda (Vocento). Pero este terremoto en el sector audiovisual no ha terminado, puesto que las empresas afectadas amenazan con llevar el asunto ante los jueces de la Unión Europea y puesto que sigue pendiente la decisión sobre otras ocho licencias. El PSOE ha entrado en la polémica acusando al Ejecutivo de favorecer a las 'telecos' en detrimento de los grupos mediáticos. Y, por su parte, Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa que logró tumbar la adjudicación irregular de licencias, reclama que termine cualquier negociación destinada a blindar los otros ocho canales en el aire.
Al filo de las doce de la noche de este lunes, los nueve canales mencionados dejaron de emitir. Así, Atresmedia, Mediaset, Unidad Editorial y Vocento pierden unas licencias que suponían el 6,7% de la audiencia total de la TDT. Los propios afectados consideran que se trata de una pérdida de cantitades millonarias y, por ello, ya han dejado claro que presentarán reclamaciones para hacerse con indemnizaciones. Además, han presentado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta sus derrotas en el Supremo, no parece factible que su intento en el TC vaya a solucionar lo acontecido. Pero los directivos de las televisiones no se rinden y amenazan ahora con llevar al Tribunal de Estrasburgo el cierre de los nueve canales.
La patronal de las cadenas de televisión admite que hay conversaciones abiertas con el Ejecutivo del PP sobre el futuro de los ocho canales cuya desaparición estudia el Supremo
De hecho, ya es evidente que los mandamases de los grupos mediáticos han perdido la batalla por estos nueve canales. Sus ataques al titular de Industria, José Manuel Soria, y sus súplicas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no les han servido para nada. De momento. Pero la clave, dicen fuentes del sector, es que, como adelantó este diario, el Supremo debe decidir sobre el futuro de otras ocho frecuencias. En ese contexto, llevar el caso de los nueve canales a los tribunales europeos se interpreta entre bambalinas como una suerte de medida de presión para que fructifiquen las negociaciones mencionadas, lo que evitaría otro hipotético apagón.
En otras palabras, las televisiones quieren evitar otro incendio como el actual si el Supremo decidiera que dejen de emitir otros ocho canales de TDT. Por ello, como reconoce Uteca, la patronal de las teles, hay abiertas conversaciones con el Ejecutivo para conseguir un blindaje jurídico que impida que se repita lo sucedido ahora. Ocurre, sin embargo, que hay quienes no están dispùestos a que se llegue a ese tipo de componendas entre los empresarios y los gobernantes. Y es que Infraestructuras y Gestión 2002 S.L. seguirá peleando para que el Gobierno convoque un concurso para 17 canales de TDT (los nueve ya anulados y los ocho pendientes).
¿Y los denunciantes?
Como ha ido narrando Vozópuli, dicha empresa logró tumbar la adjudicación irregular de canales. En un comunicado hecho público este lunes la compañía recuerda que el objetivo de la iniciativa judicial que presentaron "ha sido asegurar la pluralidad, la libre competencia y el derecho de todos los operadores a participar en un concurso público en igualdad de condiciones". Tras recordar que no son propietarios de ninguna cadena de televisión ni responsables de la elaboración de contenido audiovisual alguno, los responsables de la compañía aseguraron que su trabajo "se reduce a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión, cumpliendo con la legislación vigente en un marco de libre competencia que desde al año 2003 quedó en este mercado liberalizado".
La compañía que tumbó la adjudicación irregular de canales se apoya en el marco legal europeo y censura la actitud de las administraciones públicas, en especial al Gobierno de Zapatero
La iniciativa ante los tribunales se presentó, recuerdan, por "la ilegalidad manifiesta en la concesión de los canales", como estipuló el Alto Tribunal. Y también para evidenciar que "la Administración, tanto nacional como autonómicas, ignoraban el alcance del nuevo marco legal surgido como consecuencia de la trasposición de las Directivas Europeas en la materia". Entre otras, denuncian, "desconocían la obvia diferencia entre la actividad de comunicación social de una emisora de televisión que genera contenidos (entretenimiento, información, cultura…) de la actividad de telecomunicaciones de la que las televisiones se sirven para la distribución y transporte de la señal".
El PSOE, a la carga
Y, en medio de esta controversia, el PSOE ha entrado en el asunto con duras críticas al Ejecutivo del PP. En concreto, el portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, Juan Luis Gordo, ha pedido al Gobierno que explique "por qué no ha actuado para mantener la oferta audiovisual", tras el cierre de nueve canales de TDT. Juan Luis Gordo señala que "el Gobierno ha tenido 18 meses para articular soluciones y no ha hecho nada" y se pregunta si, con su política de comunicación audiovisual, "está primando los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones en detrimento de que los ciudadanos accedan a una mayor oferta".
El portavoz del PSOE reclama que el Gobierno detalle las pérdidas del sector audiovisual tras esta decisión
El portavoz socialista preguntó "a cuánto prevé el Gobierno que ascenderá la pérdida de cuota de pantalla por el cierre de los canales y qué repercusión tendrá en términos de facturación". En este sentido, instó al Gobierno a que responda si considera que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para el cierre de nueve canales de TDT quiebra el principio de seguridad jurídica en el mercado audiovisual. "Queremos conocer si el Ejecutivo del PP está apostando a favor de la asignación del espacio radioeléctrico en detrimento de las operadoras audiovisuales tradicionales, una actuación que no sería equitativa, en ningún caso", añadió Gordo.
