Con la crisis económica, las administraciones públicas están poniendo a la venta coches oficiales viejos a través de subastas públicas dirigidas a cualquier tipo de consumidor, empresa o particular. El ministerio de Hacienda, por ejemplo, vende vehículos desde 800 euros del Parque Móvil del Estado (PME), con más de 13 años de antigüedad, incluso alguno de ellos tiene 19 años.
Convocada para el 5 de noviembre, la subasta del PME prevé rascar al menos 64.500 euros, la cantidad que suman los precios de salida de los 54 vehículos en venta. Este objetivo es más o menos fácil de conseguir, principalmente porque la adminsitración permite la puja de particulares, que suelen pujar más alto que los profesionales. En la anterior subasta, en noviembre de 2011, el Parque Móvil del Estado consiguió ingresar 101.100 euros, un 25% más del precio de salida.
"¿Qué hacemos allí los prefesionales pujando junto a los particulares? Los precios finales que podamos conseguir en las subastas de los gobiernos no son competitivos para posteriormente venderlos. Ahí no tenemos nada que hacer", explica un compraventas veterano.
En el lote actual, se pueden encontrar, por ejemplo, 36 modelos de Renault Megane Cassic, por 800 euros cada uno. Los hay entre 26.000 kilómetros y 82.000 kilómetros. También se puede encontrar seis Peugeot 406, por 1.300 euros (alguno con 16 años ya); siete Alfas Romeo 936, por 1.800 euros (alguno con más de 240.000 kilómetros), un par de motos Piaggio X9 de 2006 por 1.100 euros, etc. En mejor o en peor estado, el mayor inconveniente para el consumidor es que todos los vehículos se venderán sin garantías.
Precisamente este punto está desatando un fuerte malestar entre los profesionales que viven de las subastas. Estos se quejan de que las administraciones públicas cuentan con ventaja frente a ellos: se ahorran costes, porque éstas sí pueden vender a los consumidores particulares vehículos de segunda mano, sin ningún tipo de responsabilidad posterior. La Ley General para la Defensa de los Consumidores de 2007 lo ampara, dejando libre de responsabilidades en operaciones de segunda mano adquiridos por subasta administrativa.
"Esto es hacernos competencia desleal. Cuando vendemos a un particular un vehículo de segunda mano, le tenermos que ofrecer una garantía, que solemos cubrir con un seguro", se quejan en el sector. "Esa es la razón por la que los subastadores no admitimos a clientes particulares. Nos generaría un coste extra, ¿por qué ellos están libres de eso?", comenta una de las multinaciones del sector.
"Los Gobiernos no quieren vender sus coches en subastas profesionales. Prefieren controlarlo directamente", dicen en el sector.
Aunque esta ventaja siempre ha estado ahí, es ahora, en momentos de crisis, cuando las administraciones hacen subastas y el malestar del sector del vehículo usado se aviva. Razones no le faltan. En plena crisis económica, los compraventas están vivendo un momento agridulce. Por un lado, el mercado de segunda mano está en alza (cinco de cada seis coches que se venden en España son usados), pero su capacidad para responder a la demanda creciente se debilita porque están asfixiados por la falta de liquidez. Y por otro lado, ven que las administraciones podrían externalizar este proceso de subasta, como hacen otros países de Europa (Reuno Unido, por ejemplo), pero siguen siendo reacias a dar el paso.
"Llevamos varios años hablando con la administración para que venda en subastas profesionales los vehículos, pero no quieren. Muchas veces no dan salida a todos los vehículos que colocan porque el público que consiguen en sus procesos es menor", según dice uno de los directivos comerciales de una empresa de subasta.
"Acudimos a una puja en Toledo hace tiempo, pero no volvemos a ninguna otra subasta del Gobierno. Hay demasiada burocracia, tuvimos que adelantar mucho dinero porque el Gobierno no da garantías, pero exige un depósito previo para poder pujar, algo que no ocurre en los procesos profesionales", explica otro ejecutivo de una de las compañías de subastas más fuertes en España.
