El juzgado de instrucción número trece de Barcelona ha decidido procesar a la máxima responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, al director de TV3 y al de Cataluña Radio por su participación y promoción del falso referéndum del 1-O.
Se creen intocables, invulnerables, todopoderosos. Actúan con la prepotencia del abusón de patio protegido por el director del colegio, desprecian a quienes les afean su conducta y, sobre todo, se llevan sueldos astronómicos que pagamos entre todos. Son Carme Llorach, Vicent Sanchís y Saül Gordillo, responsable de la Corpo, de TV3 y de la radio de la Generalitat, respectivamente.
Hablamos de cargos puramente políticos que tienen como encargo ejercer de comisarios para que la ortodoxia separatista sea omnipresente en los medios de comunicación. Hablamos de Sanchís, reprobado por el Parlamento catalán que se niega a dimitir gracias a los votos separatistas, un caso realmente inaudito en la Europa democrática. Hablamos de cómo se reparten los cromos los neoconvergentes y Esquerra, quedándose esta última la radio y dejando a los otros la televisión. Hablamos de un consejo de la Corpo que no se renueva, a pesar de estar todos con su mandato caducado. Hablamos de lo que Jordi Pujol consideraba su posesión más preciada, llegando a decir que preferiría prescindir de todas las competencias antes que de TV3. Hablamos de esa línea roja que, junto con la educación y los Mossos, la candidata separatista Borrás dice que no puede traspasarse.
Lo que llama la atención es que a los arquitectos del andamiaje separatista se les deje irse de rositas
Saben de lo que hablan. Sin estos instrumentos de propaganda, el proceso no habría podido llegar tan lejos ni el mensaje supremacista habría calado en la masa social como lo ha hecho. Ahora bien, sorprende que el mismo juzgado no procese junto a estas personas, y muchas otras, a los dos grandes ingenieros jurídicos del proceso: Santiago Vidal y Pi i Sunyer. Los hemos visto en los medios del régimen hasta la saciedad, igual que ahora vemos a diario a los abogados de los juzgados por el intento de golpe de Estado.
Se les ha brindado una cobertura mediática apabullante, como con todos los que han encarnado a lo largo de estos años la esencia procesista. Pero a ellos se le deja a un lado, mientras que a los que les ponían una cámara o un micrófono delante se les inculpa. No pretendemos con esto disminuir la responsabilidad de quienes, estando obligados a ejercer una imparcialidad exquisita, se vendieron al poder institucional de la Generalitat y pervirtieron los mismos. No, no es eso. Lo que llama la atención es que a los arquitectos del andamiaje separatista se les deje irse de rositas.
La gran periodista Regina Farré dice que la proporción de la plantilla de TV3 está entre un 70% de separatistas frente a un 30% que no dice nada por miedo a las represalias
Un andamiaje que se creyó a pies juntillas la masa separatista, baste recordar cómo Santiago Vidal hablaba en charlas de cómo tenían en su poder los datos de todos los catalanes. Andamiaje que, bajo el nombre de estructuras de estado, Artur Mas se jactaba de tener atado y bien atado. Los medios de la Generalitat han creado la ilusión de que se vive en esa república de Barataria que crearon los juristas de la estelada, y ahí siguen, a diario, pasándose por el arco del triunfo las instrucciones de la Junta Electoral Central. Porque a Puigdemont se le sigue llamando presidente, porque en cada informativo aparece un cartelito diciendo que se les prohíbe usar expresiones como presos políticos, en plan 'nos censuran', porque continúan presentando a los juzgados como héroes y a la justicia como villanos.
TV3 y Cataluña Radio son merecedores de ir a juicio, y no tan solo en la persona de sus directores, porque dentro de esos medios existe un número importantísimo de gente que comparte esos ideales. No en vano para entrar ahí se tenía que ir con el carné de CDC en la boca. La gran periodista Regina Farré dice que la proporción de la plantilla de TV3 está entre un setenta por ciento de separatistas frente a un treinta por ciento que no dice nada por miedo a las represalias. Se deben dar explicaciones ante el juez, sí, pero todos. Los responsables políticos, pero también los que inspiraron con sus conocimientos. Hay que recordar que tan responsable es quien inventa una falsedad como aquel que, a sabiendas, la difunde.
