Uno de los mitos que con más fuerza opera en España es el de la Constitución de 1978, en particular el que se refiere al actual periodo constitucional como el culmen de la estabilidad y de la alternancia democrática y pacífica de los partidos que lo integran. A través de esta fábula, se nos presenta una visión en la cual las dificultades que atraviesa la sociedad española no guardan relación con el modo de organizarse políticamente, sino que, al contrario, se deben a los ataques que recibe desde fuera el marco constitucional, al que se dibuja como víctima. De este modo, cada año se nos exhorta a defender la Constitución como solución a los problemas, pero ésta nunca llega.

Ocurre que es esa una interpretación interesada, en concreto de los dos partidos que han hegemonizado el poder institucional en las últimas cuatro décadas, así como de sus brazos mediáticos. A quien se beneficia del mito no se le puede pedir que lo desbarate, y es entendible que siga alimentándolo para que el esfuerzo invertido retorne en forma de sustento. Son los que viven —o malviven— ajenos al festín quienes deben hacer lo posible por disipar la niebla, pues los invitados al convite no lo harán.

La realidad que aguarda más allá de la penumbra, a la espera de quien se atreva a verla, es que España está herida de gravedad. No ha habido etapa histórica con una amenaza disgregadora más potente y continua sobre nuestra nación política que la presente. Sí, precisamente la de la alternancia democrática y pacífica, pues sucede que ni lo democrático ni lo pacífico garantizan por sí solos la capacidad de un Estado para preservarse y continuar existiendo indefinidamente. Partiendo del aclamado consenso de la Transición, la Constitución introdujo —por acción y por omisión— dos ingredientes idóneos para su terminación a largo plazo: la descentralización autonómica y la legalidad de los partidos separatistas.

Ha puesto en manos de partidos separatistas competencias cruciales como la fiscalidad, la seguridad y la educación. O dicho en plata: les ha dado dinero, policías y jóvenes a quienes ganar para la causa

Acompañado del reconocimiento constitucional de los «derechos históricos de los territorios forales», el Estado autonómico del 78 ha amparado regímenes tributarios diferenciados y ocasionado un acceso desigualitario a los servicios públicos, como el sanitario y el educativo; ha dividido la Administración pública en 18 partes —con procesos de selección de personal particulares— y establecido filtros lingüísticos en varias de ellas, reduciendo considerablemente la movilidad de los empleados públicos por el territorio nacional y fomentando el aislamiento entre regiones; su descentralización competencial en múltiples estructuras con intereses propios ha perdido de vista la búsqueda del bien común y obstaculizado la aplicación de políticas comunes para todos los españoles; y por si fuera poco, ha puesto en manos de partidos separatistas competencias cruciales como la fiscalidad, la seguridad y la educación. O dicho en plata: les ha dado dinero, policías y jóvenes a quienes ganar para la causa.

A los padres de la Constitución, con sus respectivos partidos detrás presumiendo de lo democráticos que eran todos, no se les ocurrió nada mejor que repetir el error de situar en las instituciones a aquellos que buscan separar una parte del territorio nacional, a quienes desean que una nueva frontera haga a los españoles extranjeros entre sí. Lejos de resolver el problema del separatismo, la majadería de darles poder institucional ha provocado que adopten una estrategia simple e inteligente: ir aumentando sus recursos competenciales, económicos y humanos, a la espera de que la debilidad interna o la amenaza externa —otro Estado con interés en que España se fragmente, por ejemplo— les permita hacer uso de sus fuerzas y realizar la secesión. Lo intentaron una vez y juraron volver a hacerlo, pero no hemos aprendido nada y permitimos que continúen haciendo su labor, cobrando además un generoso sueldo del Estado al que buscan poner fin.

"Una Andalucía distinta"

Nada impide que las circunstancias les sean más favorables en un futuro, por lo que cruzarse de brazos a la espera de que se disuelvan no solucionará nada. Algunos confían en que los cambios demográficos bastarán para hacer el trabajo, pero olvidan que las élites —propias o extranjeras— no necesitan tanto un apoyo expreso de la población como sí su pasividad. Y en ello juegan un papel fundamental los intereses creados y gestionados por las comunidades autónomas. Han sido más de cuarenta años —y los que quedan— de aprovechamiento, por parte de las élites locales y regionales, de un modelo que ha favorecido la gestación de numerosas redes clientelares al servicio del partido de turno y de las agendas disgregadoras. A su vez, los gobiernos autonómicos las han utilizado para profundizar en el hechodiferencialismo, como excusa para reclamar más recursos y competencias, más sillones y personal en nómina, y por tanto más voluntades. El café para todos no redujo la consideración de especiales que de sí mismos tenían los separatistas, y ahora todos nos lo creemos.

En Andalucía, esa nacionalidad histórica según la ley orgánica estatal que aprobó su Estatuto, no pasa un año sin que sus gobiernos del PSOE o del PP participen del andalucismo o reivindiquen con entusiasmo a Blas Infante, «padre de la patria andaluza» por la gracia de una asamblea regional llamada Parlamento de Andalucía. El último ejemplo lo ha protagonizado este 4 de diciembre el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien ni siquiera le hace falta una lengua regional para subirse al carro del delirio. Durante el «Día de la Bandera de Andalucía», el líder autonómico del PP afirmó defender «un andalucismo inclusivo y solidario» y animó a trabajar «por una Andalucía distinta en una España de iguales». Reconozco que todavía no he logrado descifrar el significado de estas frases, así que mientras tanto les invito a leer otras que dijo, más claras pero no por ello menos peligrosas:

• «Tener la suerte de ser andaluz es tener una capacidad especial para comprender al otro. Así somos los andaluces».
• «La bandera de Andalucía es el mejor emblema de todo cuanto nos une».
• «Estoy muy orgulloso de ser andaluz, de todo lo andaluz y de todas las maneras posibles de decirlo. Y cada vez que oigo hablar a un paisano como se habla en su pueblo o como se habla en cualquiera de nuestros barrios, siento las raíces de mi tierra creciendo precisamente bajo mis pies».
• «No le hace daño a nadie el ahondar, el abundar en nuestras raíces, el reconocernos y autoafirmarnos como pueblo, como es el pueblo de Andalucía».
• «Andalucía tiene que reivindicar su peso, tiene que reivindicar su poder y tiene que reivindicar su posición como uno de los pueblos probablemente más importantes que hay en el mundo».
• «El habla andaluza es el reflejo del alma de los andaluces, y la vamos a cuidar siempre. Firmamos, en la víspera del 4D, un protocolo con la Fundación Alejandro Rojas Marcos para promover nuestro acento y para que se respete».

Si a esto es capaz de llegar el dirigente regional de un partido nacional como el PP, qué no harán los separatistas sirviéndose del poder autonómico. El tiempo juega en nuestra contra. O la Constitución del 78, o España.

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