Los términos en que se ha dado a conocer el lunes 3 de agosto la salida del rey emérito de Zarzuela y de España prueban que, sobre todo, ha querido preservarse el ceremonial. Porque, como se pregunta Shakespeare en La vida del rey Enrique, "¿qué poseen los reyes que no posean también los simples particulares, si no es el ceremonial?". Prescindir de ese distintivo habría dado la impresión de que se iniciaba la estrategia del desistimiento, que conduciría a la extinción de la monarquía por incomparecencia de sus titulares, según pronóstico sin fecha del primer ministro sueco Olof Palme para el caso de su país.
Se trata, como en las suertes de la lidia, de no descomponer la figura, de no perder la cara al toro, ni dar la impresión de abandono o de huida, a la manera de los prófugos de la justicia o de los sorprendidos en flagrante delito. De ahí el empeño en que fuera el propio Don Juan Carlos I quien compareciese como supuesto dueño de sus destinos, en vez de presentarle como sujeto pasivo de decisiones ajenas. Por eso, en su carta asume todo el protagonismo al escribir que “Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España”.
El verbo trasladar parece haber sido elegido de modo muy cuidadoso con preferencia a otras opciones -como la de apartarme, viajar, salir, abandonar, huir, residir- porque el traslado voluntario, a petición propia, o forzoso, por necesidades del servicio, es lo que se dispone para quienes ejercen una función pública. El traslado deriva de una “meditada decisión”. Pero el comunicarlo omite precisar las circunstancias de lugar y tiempo. Al ubicar su destino “fuera de España”, excluye el perímetro del territorio nacional y sólo fija el instante en que se inicia el despegue “en estos momentos”, sin añadir estimación alguna sobre la duración de la ausencia, ni fecha o condición para el regreso.
Las indeterminaciones de la carta han propiciado que algunos portavoces apresurados se maliciaran la intención de rehuir la acción de la justicia
Las indeterminaciones de la carta han propiciado que algunos portavoces apresurados se maliciaran la intención de rehuir la acción de la justicia. Por eso, el letrado Javier Sánchez Junco hubo de aclarar que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos le había dado instrucciones para hacer público que, pese a su traslado fuera de España en estos momentos, “permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".
Se han querido buscar analogías entre la carta del rey emérito que venimos analizando y el manifiesto “Al País” del Rey don Alfonso XIII del 14 de abril de 1931 pero la condición uno y otro de los firmantes y las demás circunstancias son tan distintas que lo hacen imposible. El abuelo señalaba que “las elecciones [municipales] celebradas el domingo [día 12 de abril de 1931] me revelan que no tengo hoy el amor de mi pueblo”. Argüía con su conciencia “que ese desvío no será definitivo”; aceptaba que erró alguna vez, pero también “que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia”. Ahora procédase a los esclarecimientos requeridos sin reescribir la historia desde un punto negro para invalidarla en todo su recorrido. Don Alfonso esperaba conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva y, mientras hablaba la nación, suspendía deliberadamente el ejercicio del Poder Real y se apartaba de España, reconociéndola, así, “como única señora de sus destinos”. En su manifiesto subrayaba que creía cumplir el deber que le dictaba su amor a la Patria y concluía pidiendo a Dios que “tan hondo como él lo sintieran y lo cumplieran los demás españoles”.
Testigos de las contribuciones decisivas del Rey Juan Carlos I a la recuperación de las libertades y de la democracia no aceptaremos que ahora sean escamoteadas
El Rey abuelo resolvía, entonces, escribiendo “me aparto de España”, en tanto que el nieto emérito comunica, ahora, su traslado fuera de España. Apartarse es tomar distancia para evitar interferencias; trasladarse fuera es extrañarse y de no haberse hecho públicas las instrucciones del letrado habría podido pensarse que encubría el propósito de ponerse a salvo de la justicia. Testigos de las contribuciones decisivas del Rey Juan Carlos I a la recuperación de las libertades y de la democracia no aceptaremos que ahora sean escamoteadas, ni tampoco que intenten aducidas para ganarle indulgencias si llegaran a probarse abusos.
Volviendo a la cuestión, aceptemos que nada excita más la curiosidad periodística que la pretensión de hurtar algo al conocimiento público. De ahí que, en consecuencia, las especulaciones se multiplicaran en todas las direcciones de la rosa de los vientos, mientras la Casa del Rey y el Gobierno mantenían un silencio que alimentaba la intriga. Claro que el juego del despiste tenía un recorrido muy corto porque enseguida las autoridades hubieron de reconocer que tenían perfectamente geolocalizado a Don Juan Carlos y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, salió a decir que la Seguridad del rey emérito concierne al Estado.
La escolta, como cualquiera que la haya tenido comprueba, es de doble uso: protección y control
Son los mismos Guardias Civiles que tienen encomendado protegerle los que informan de modo permanente a sus mandos orgánicos de la situación del custodiado. Porque la escolta, como cualquiera que la haya tenido comprueba, es de doble uso: protección y control. Veamos el ejemplo de un buen amigo periodista, director de Diario 16 en 1978, a quien pusieron protección policial ante las amenazas procedentes de ETA y del GRAPO. La sorpresa de una mañana, al salir de su casa para ir al periódico, fue que los escoltas le llevaron conducido al Juzgado Militar número 6 donde le reclamaban porque estando como estaba procesado llevaba algún tiempo incumpliendo su obligación de comparecencia quincenal.
