Los Presupuestos Generales del Estado son, con diferencia, la principal arma económica para el Ejecutivo de un país. Es, en último término, para lo que los votantes elegimos a nuestros gobernantes: para que gestionen los ingresos de los contribuyentes y seleccionen los gastos que precisa el funcionamiento correcto del país. No sacar adelante unos presupuestos puede provocar caídas de gobiernos y convocatorias de elecciones anticipadas. Pedro Sánchez tiene experiencia con eso, ya que la legislatura que presidió tras la moción que defenestró a Mariano Rajoy resultó forzosamente breve porque incapaz de reunir los suficientes apoyos parlamentarios para sus cuentas.

Llegaron las primeras elecciones de 2019, en las que Albert Rivera cumplió la promesa a sus votantes de no pactar con el PSOE y Sánchez dijo aquello de que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias de vicepresidente. No hubo pacto y hubo que convocar de nuevo a las urnas, de las que emergió el actual Parlamento, con un reparto de escaños que favoreve la 'geometría variable' a la que recurre el PSOE para sacar adelante todos sus proyectos. La concurrencia de Podemos y el respaldo infaltable de los socios Frankenstein (ERC, PNV, Bildu y demás liliputienses periféricos) le permiten concretar mayorías suficientes sin demasiado esfuerzo.

Acepta el chantaje, cambia drásticamente de postura, demuestra que su palabra no tiene valor sin que en el seno de su formación se aprecie malestar algunos con los volantazos de su líder

Sánchez se ha planteado la negociación para conseguir que los PGE 2023 salgan adelante en su línea habitual, carente de prejuicios, de principios y con escaro respeto a la ética cívica y la moral política. Desde una plataforma así concebida no le resulta difícil alcanzar sus propósitos. El presidente del Gobierno no sólo está incumpliendo promesas y compromisos adquiridos durante años (sobre con quién no pactar, los indultos, la despolitización del nombramiento de la alta judicatura etc.), sino que está enfrascado en cambiar el Código Penal al efecto de favorecer a quienes han incurrido en delitos diversos. Acepta el chantaje, cambia drásticamente de postura, demuestra que su palabra no tiene valor sin que en el seno de su formación se aprecie malestar algunos con estos volantazos de su líder, como pudo apreciarse en la entrega del Sáhara al reino de Marruecos, demostrando que en el fondo los partidos políticos de nuestra democracia funcionan como estructuras de corte totalitario en las que sólo cuenta la voluntad del líder.

Pese a lo grave que resulta la forma en la que se están aprobando los PGE 2023 -lo que debería hacer reflexionar al electorado socialista, algo ahora mismo casi impensable- lo más importante es que las cuentas públicas sean las que necesita nuestro país en una coyuntura tan endiablada como la actual. Lamentablemente, no lo son. Arrancan desde un error similar a cómo se laboraron las de 2022 y 202, es decir un planteamiento muy alejado de la realidad. Y si los del actual ejercicio (en los que se preveía un crecimiento del PIB del 7% cuando quedará en torno al 4,5%) pudieron tener cierta disculpa por la agresión rusa a Ucrania, los de 2021, que marcaban un aumento del PIB del ¡9,3%! (luego resultó ser del 5,5%) demuestran un mismo patrón: en lugar de ser prudentes y ponerse en lo peor, el equipo económico de Sánchez se empeña en dibujar unas cifras disparatadamente optimistas, a sabiendas que no se van a cumplir, para que cuadren mejor con las elefantiásicas previsiones de gasto en coincidencia, naturalmente, con un año electoral..

A las incontables subidas impositivas se suma la negativa a deflactar el IRPF, por lo que la inflación añade dinero a Hacienda y se lo resta a los contribuyentes

Esta irresponsabilidad, sello de la casa de toda la legislatura, se repite a nivel desproporcionado en los PGE 2023, puesto que todas las casas de análisis (incluidos organismos internacionales) ya han rebajado prácticamente a la mitad la previsión del incremento del PIB del 2,1 sobre los que están elaborados. Hay incluso quien anticipa incluso decrecimiento en el año próximo. Nadie conoce el futuro y quizás mañana ocurre algo inesperado y positivo (¿quizás la paz?) que mejore el panorama económico, pero el deber de un gestor es estar preparado para los imponderables que pueden surgir. Esto es especialmente relevante cuando nuestro Gobierno asume, a pesar de confiar en un crecimiento superior al estimado por todos los analistas, que tendrá un importante déficit presupuestario, es decir, que gastará más de lo que ingrese. Estamos ante un hecho muy grave puesto que estamos en máximos históricos de recaudación, ya que a las incontables subidas impositivas se suma la negativa a deflactar el IRPF, por lo que la inflación añade dinero a Hacienda y se lo esquilma a los contribuyentes. Hasta el punto de que podría ocurrir que la inflación no suba tanto como se teme en 2023 y, sin embargo, tal circunstancia empeore el déficit presupuestario, ya que se reduciría la recaudación mientras que no hay síntoma alguno de que el Ejecutivo se disponga a aflojar su política incontenible de gasto público.

En resumen, tenemos un Gobierno que cambia leyes, reparte dinero, mueve presos… hace lo que sea para sacar adelante unos Presupuestos que se basan en unos supuestos irreales. Que contemplan el mantenimiento de un fuerte déficit (que se cubrirá con deuda cada vez más cara de emitir) a pesar de prever una recaudación récord debido a que dispara el gasto de un modo irresponsable y sin pr3ecdedentes. Tampoco está demostrando, como hemos visto en 2022, que sepa rentabilizar adecuadamente el dinero de los fondos europeos. Lo peor de este escenario inquietante es que, dado que entraños en un año de citas varias con las urnas, todas ellas cruciales, a esta orgía de gasto seguramente se sumen los ayuntamientos y muchas comunidades autónomas, con lo que 2023 no sólo no pinta bien por el contexto internacional (se espera que la Eurozona entre en recesión en el primer semestre), tampoco se aprecia que los gestores nacionales miren más allá de sus expectativas en las urnas.

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