Pedro Sánchez asegura que "políticamente, la amnistía ya se aplica”, por tanto, abre la vía para reunirse con Puigdemont, fugado de la justicia española, en Waterloo (Bélgica). Era la respuesta que el “socio delincuente” esperaba después de afirmar en TV3 que Sánchez se resiste a ir a verlo a Waterloo: “A mí me tratan como el Supremo, como un delincuente”. Esta frase contiene un desprecio al Estado de derecho al escindir lo político de lo jurídico, propio del pensamiento totalitario: la prevalencia de la voluntad sobre el Derecho, superada por el Derecho constitucional después de la trágica historia europea del siglo XX. Parece que Sánchez la hace suya al afirmar que está dispuesto a visitarlo para rendir pleitesía al líder independentista. Sánchez necesita sus siete votos para aprobar los Presupuestos y seguir con su ejercicio cesarista del poder. Puigdemont tensa la cuerda y ya no quiere la visita sino una negociación formal entre dos estados en la “casa de la República catalana en el exilio” con un doble significado político y simbólico.
Toda esta escenificación, ya de por sí delirante, desliza una falsedad nuclear: la amnistía no se aplica políticamente sino jurídicamente. Son los jueces quienes la aplican según criterios jurídicos. Y estos criterios mantienen a Puigdemont como prófugo acusado de algunos delitos no amnistiables. Por eso la visita se produciría no en España sino en el extranjero. En efecto, el orden constitucional español se funda en la primacía del Estado de derecho sobre la voluntad política, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo (leyes). “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.” (CE. 1.1) y en el art. 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" que incluye el español y el de la UE.
El Estado de derecho es un sistema de responsabilidades superior a la voluntad de poder. Es la vía de la civilización contra la barbarie de la que tenemos sobrada experiencia histórica.
En todo lo que hacen los gobiernos y las cámaras legislativas, estatales y autonómicas, rige la supeditación al orden constitucional. La Constitución española no es un simple recetario de instituciones y procedimientos, sino que tiene carácter normativo, es decir, es norma fundamental (Kelsen), tiene contenidos y valores a los que deben ajustarse todas las demás normas (leyes y reglamentos), así como los actos ejecutivos de los gobiernos. El político Sánchez no puede “pasar página” si eso supone obviar responsabilidades. El Estado de derecho es un sistema de responsabilidades superior a la voluntad de poder. Es la vía de la civilización contra la barbarie de la que tenemos sobrada experiencia histórica.
En nuestra Constitución “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados… independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (CE. 117.1). Es la potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado propia de la potestad jurisdiccional (CE. 117.3). Además, es exigible la colaboración de los demás poderes del Estado en el cumplimiento de las sentencias firmes, como la del Tribunal supremo sobre Puigdemont (CE. 118). Esta colaboración no es opcional o circunstancial sino preceptiva.
Significa que la voluntad política de los poderes públicos y la voluntad legislativa de los parlamentos están sometidas a los principios de “responsabilidad”, “interdicción de la arbitrariedad” y la “seguridad jurídica” (CE. 9.3).
Solo caben ellos y sus socios
En consecuencia, Sánchez y su entorno político y mediático llevan deslizando otra falsedad: que lo que aprueba el Congreso, con su exigua y fluyente mayoría, va a misa, es decir, que debe ejecutarse sin más por los tribunales. Confunde la soberanía única e indivisible del pueblo español, como un todo, con la función “representativa” de las Cortes (Congreso y Senado). La representatividad de las Cortes no equivale al representado ni sustituye la soberanía unitaria del pueblo español.
Las Cortes no son soberanas; su acción está sometida al imperio de la ley constitucional. Es un avance civilizatorio de la teoría del derecho superador de la barbarie al supeditar el Derecho al poder (C. Schmitt, "Quien tiene el poder hace la ley según su voluntad sin límites") como producto de las decisiones políticas en la que se inspiró la ley habilitante de marzo de 1933 que instauró el régimen nazi del III Reich contra la Constitución de Weimar de 1919. Mutatis mutandis, la ley de amnistía de Sánchez-PSOE es un ejemplo de la prevalencia iliberal del poder sobre la Constitución. El binomio Sánchez-PSOE se ha apropiado del Estado; sólo caben ellos y sus socios oportunistas. Los demás son enemigos para destruir.
Si Sánchez visitara a Puigdemont antes de que el TC valide la amnistía, estaría visitando a un delincuente huido de la Justicia. Expresaría nulo respeto con el orden constitucional de España
Los actos del legislativo están sometidos a la Constitución. La aprobación de una ley no es la última ratio, pues está sometida al principio de legalidad jurisdiccional (Tribunal Supremo) y constitucional (Tribunal Constitucional) ahora controlado políticamente por Sánchez. Veremos hacia el verano de 2025 su sentencia sobre la ley de amnistía servida por Sánchez a los delincuentes secesionistas para pagar su investidura presidencial. Veremos el ser o no ser del TC. ¿Servirá a los intereses de Sánchez o de la Constitución? That is the question porque, más allá de los argumentos interesados está el hecho de que la amnistía no es constitucional ni en el texto constituido ni en los acuerdos constituyentes. Sólo cabe el indulto personalizado que no borra el pasado delictivo. En la Constitución de los españoles prevalece el valor de la responsabilidad por los propios actos por encima de la voluntad política.
Si Sánchez visitara a Puigdemont antes de que el TC valide la amnistía, estaría visitando a un delincuente huido de la Justicia. Expresaría nulo respeto con el orden constitucional de España. Su ley de amnistía ad hoc para sus socios no es suficiente, pues por ahora no se ajusta al Estado de derecho español y europeo, piedra angular del orden constituido del que se deriva la legalidad de su cargo. Estas políticas de Sánchez agrandan la brecha entre voluntad política y Estado de derecho: los límites racionales y éticos se van disolviendo.
Los tiempos de esta legislatura malhadada definen las conductas de sus protagonistas, Sánchez, Puigdemont y Junqueras. Entre delincuentes convictos y presuntos anda el juego para oprobio de los españoles.
jumaca2018
05/01/2025 11:32
Disiento cuando habla usted de "protagonistas". Los protagonistas que nombra son de segunda fila. El de primera fila es de los españolitos que depositaron su voto en las urnas. Al parecer deseaban estar muy bien representados. Y así nos va.