Mira que existen ejemplos de mala gestión por parte del Gobierno Sánchez, muchos, demasiados. Pero sin duda uno de los más lamentables está siendo el proceso para la renovación del convenio de Muface con las aseguradoras privadas que vienen prestando el servicio sanitario público a un millón y medio de funcionarios.

Son ya meses de negociación, hasta ahora frustrada, entre el Gobierno y las entidades prestadoras del servicio de sanidad a los mutualistas que lamentablemente pueden finalizar con la extinción de un caso de colaboración público-privada que hasta ahora venía siendo la historia de un éxito. Y si nadie lo remedia en las próximas semanas, el actual Gobierno podrá grabar la muesca de un fracaso más en la culata de su revólver con el que viene destrozando -podría utilizarse el verbo matar- las cosas que funcionaban en España hasta la llegada de Sánchez al poder.

Una muesca más de otro fracaso del Gobierno que, en este caso, dejará a un millón y medio de españoles huérfanos de la atención sanitaria de la que ahora disponen, que les impedirá seguir siendo atendidos por el médico que les viene atendiendo en sus enfermedades y dolencias, y que les impedirá acudir al hospital o centro de salud al que vienen acudiendo cuando así lo necesitan. Pero una muesca de fracaso que, además, colapsará aún más la ya colapsada provisión pública del servicio de salud al integrar de golpe a ese millón y medio de usuarios en el sistema sanitario de la Seguridad Social con lo que resultarán perjudicados también la totalidad de los usuarios de este último. Un caos total en la sanidad pública, este será el efecto de este previsible nuevo fracaso en la gestión del Gobierno Sánchez. Valga un dato como muestra y es que se estima que la Seguridad Social necesitará aumentar en 4.000 camas el número de las que ahora dispone y, evidentemente, eso no se improvisa.

Cuesta admitir que, por unos cientos de millones, Sánchez esté dispuesto a sembrar el caos sanitario en España cuando, en paralelo, se ha comprometido con los independentistas de ERC a condonar 15.000 millones de euros a la Generalitat catalana

Y mientras tanto, mientras se aproxima la debacle, meses de terror en los afectados pues terror, y no otra cosa, es lo que genera a cualquier ciudadano la incertidumbre sobre la atención sanitaria que va a recibir en el futuro. No hay que darle más vueltas, y todo por unos cientos de millones de euros pues ésa es la diferencia entre la última oferta económica del Gobierno para renovar el actual convenio de Muface con las aseguradoras privadas y el importe por el que éstas estarían dispuestas a renovarlo. Cuesta admitir que por dicho importe Sánchez esté dispuesto a sembrar el caos sanitario en España cuando, en paralelo, se ha comprometido con los independentistas de ERC a condonar 15.000 millones de euros que el Gobierno de la Generalitat utilizó para sufragar el golpe de Estado de 2017. De manera que sí, que Sánchez está dispuesto a financiar a posteriori una asonada contra la unidad de España, pero no lo está para destinar un importe mucho menor a mantener un elemento básico para la salud colectiva como es la colaboración público-privada en la atención sanitaria a un amplio conjunto de españoles.

Hay más datos que obligan a cuestionar la racionalidad de la actuación del Gobierno Sánchez en esta cuestión. Entre otros, que el gasto per cápita de las primas pagadas a Asisa, Adeslas y DKW es un 40% inferior al coste, también per cápita, del servicio sanitario proporcionado por la Seguridad Social. De manera que, traspasando a un millón y medio de usuarios del actual sistema mutualista al general, sucederá una de estas dos cosas: O todos pasaremos a tener una asistencia sanitaria peor o el coste de la sanidad pública aumentará significativamente.

El responsable más directo de la hecatombe, si ésta llega a producirse, será Óscar López en tanto que ministro de la Función Pública. Será un baldón insuperable para su aspiración de derrotar a Isabel Díaz Ayuso porque los madrileños no le perdonaríamos el caos que todo esto provocaría

Cuentan fuentes del Ministerio de Salud que la desastrosa gestión que parece conducir al fracaso del proceso no es involuntaria y que en ella que está pesando sobremanera la ideología de Mónica García, la actual ministra a la que, como a todo comunista, le provoca sarpullido oír hablar de la colaboración público-privada. Es una evidencia, otra más, del daño que España y los españoles estamos sufriendo por haber integrado Sánchez en su Gobierno a la extrema izquierda.

Pero, en cualquier caso, el responsable más directo de la hecatombe, si ésta llega a producirse, será Óscar López en tanto que ministro de la Función Pública. Será un baldón insuperable para su aspiración de derrotar a Isabel Díaz Ayuso porque los madrileños no le perdonaríamos el caos que su fracaso provocaría en la sanidad pública madrileña que, conviene constatarlo, sería posiblemente la más perjudicada de entre las autonómicas por residir en Madrid un número elevado de funcionarios públicos. Y este potencial mayor perjuicio que sufriría el sistema madrileño de salud pública puede ser otro motivo adicional del fracaso deseado por Sánchez en las negociaciones entre Muface y las aseguradoras privadas.

Si así fuera, se equivocaría otra vez Sánchez en su guerra contra Ayuso. Los madrileños sabremos identificar al culpable del posible caos sanitario que parece avecinarse. Será él, nada más que él, y todos seremos conscientes de ello. Resumiendo el proceso que puede acabar en debacle cabe enunciar que: Primero, el Gobierno lanzó una oferta totalmente inaceptable para las aseguradoras, iniciativa que generó terror en los afectados; segundo, la rectificó mediante otra que les siguió resultando insuficiente, en un nuevo acto que ha aterrorizado a los usuarios del sistema; tercero, como consecuencia previsible, el Gobierno va a destruir un modelo que viene funcionando razonablemente, lo que será otro acto que infundirá terror ; y cuarto, generará con ello un grave caos sanitario, es decir, la manifestación última del terror. Como vemos, se trata de una sucesión de actos que infunden terror a los afectados, ergo terrorismo según la RAE. Si, el terrorismo sanitario de Sánchez y de su Gobierno.

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