La decisión de crear un 'Grupo de eurodiputados amigos del Sáhara Occidental', tomada el 24 de diciembre por el Parlamento Europeo, pasó desapercibida en España en medio de la Nochebuena y del debate del Brexit, pero no en Marruecos. Máxime porque se tomó con el apoyo de los parlamentarios del PSOE, es decir, del Gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez, y cuando el Grupo Socialista Europeo, además, tiene de presidenta a la española Iratxe García, mano derecha del jefe del Ejecutivo en Estrasburgo.
Toda una "ofensa" contra la histórica reivindicación marroquí de soberanía sobre la excolonia y que el Rey Mohamed VI no parece dispuesto a dejar pasar, según reconocen a Vozpópuli fuentes socialistas. Desde esa fecha, el Ejecutivo alauita viene forzando sutiles gestos de hostilidad diplomática, inapreciables para el radar de la opinión pública, pero no así para La Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cuya titular, Arancha González Laya, ha pillado esta nueva crisis diplomática en pleno aterrizaje.
Un mes después de la decisión de crear el grupo 'Paz para el Sáhara', con 120 eurodiputados, y apenas unas horas antes del primer viaje oficial de la ministra a Rabat, el 24 de enero, el Parlamento marroquí decidió por sorpresa seguir tramitando dos leyes que había frenado y que delimitan aguas de explotación pesquera exclusiva. Estas afectan tanto a las aguas saharauis, no reconocidas por la ONU ni por la UE como de soberanía marroquí, como a la denominada Zona Exclusiva de Canarias.
A Mohamed VI y al Gobierno marroquí les preocupa sobremanera que Podemos, muy proactivo en la defensa de la soberanía del Sáhara, determine la política exterior española
El trámite en comisión de ambos proyectos comenzó el 16 de diciembre y todo apunta, según señalan las fuentes consultadas, a que el Ejecutivo marroquí había decidido aparcarlos como gesto hacia un Pedro Sánchez que por entonces estaba a punto de ser investido presidente. Hasta que ese 24 de diciembre el PSOE participó en la creación del 'Grupo de eurodiputados amigos del Sáhara Occidental'.
Rabat decide entonces pasar a la ofensiva, esperando, eso sí, al momento político preciso -y la visita de González Laya un mes más tarde lo era en grado sumo- para reanudar su tramitación parlamentaria y crear el primer conflicto con el nuevo Gobierno socialista español.
En los círculos cercanos a Mohamed VI preocupa no tanto que el socialismo español contemporice abiertamente con el pueblo saharaui -lleva cuarenta años haciéndolo en la oposición y frenándose en cuanto llega al poder- como que ahora Unidas Podemos es determinante en el Gobierno y a nadie se le oculta que es una formación "abiertamente hostil al país vecino", señala una de las fuentes consultadas.
La Moncloa es muy consciente de la razón última de este nuevo recrudecimiento de las hostilidades y ha decidido optar por el apaciguamiento, entre otras razones, porque la soberanía marítima es decisión de la ONU y no parece que vayan a transigir con las aspiraciones marroquíes sobre aguas del Sáhara. Esa es la tesis que ha defendido este jueves González Laya en su primera comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso.
Marruecos, dijo la ministra, tiene "legítimo derecho" a delimitar sus aguas. A lo cual la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, replicó: "Usted dice que Marruecos ha ejercido su derecho a delimitar sus aguas, ¿por qué España no ejerce ese derecho?". La titular de Exteriores prefirió entonces no responder para mantener ese perfil conciliador con el país vecino.
Más "presión" sobre Ceuta y Melilla
El jueves 13 de febrero se constituyó oficialmente en Estrasburgo el grupo denominado 'Paz para el Pueblo Saharaui', formado por 120 eurodiputados del total de 705 que tiene la Cámara europea tras la salida de Gran Bretaña, y que está presidido por el parlamentario socialdemócrata alemán Joachim Schuster.
Justo ese día comenzó un indisimulado hostigamiento de las Fuerzas de Seguridad marroquíes hacia las porteadoras de mercancía entre Ceuta, Melilla y el país vecino. El asunto viene de lejos, desde el cierre unilateral de la aduana para el comercio en la primera en el verano de 2018 y en la segunda en octubre de 2019. Pero la situación se ha agravado oportunamente a partir de febrero con nuevos cortes de mercancías de porteadoras en Melilla.
Y, sobre todo, con el cierre de la frontera para los comerciantes ceutíes que compran pescado en la Lonja de Tetuán. El producto se acabó en las pescaderías ceutíes, y los bares y restaurantes quedaron desabastecidos.
