Sociedad

La Sareb alquila 300 viviendas al Ayuntamiento de Madrid para familias en riesgo de exclusión social

El alquiler estará sufragado a medias por el Consistorio y las familias que las ocupen, si bien el precio no superará el 30 por ciento de sus ingresos. Por su parte, el "banco malo" asumirá el seguro y las cuotas de la comunidad de vecinos.

  • Serán 300 las viviendas que la Sareb cederá al Ayuntamiento de Madrid

La delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, María Serrano, firma este jueves con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, un convenio de colaboración por el que se cederán 300 viviendas a la EMVS, a destinar entre familias en riesgo de exclusión social, como ya hiciera con el Ayuntamiento de Barcelona el pasado diciembre.

En la última comisión del ramo, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, Marta Higueras, ha adelantado que la cesión será a devolver en ocho años. El acuerdo consiste en ceder a la Empresa Municipal de la Vivienda 150 viviendas vacías y otras tantas ocupadas por familias vulnerables, a las que se les revisará su alquiler social.

Manuela Carmena ha criticado al anterior Gobierno municipal del PP, que "vendió una parte muy importante del parque de viviendas"

La empresa municipal se compromete a pagar mensualmente 75 euros por vivienda ocupada y 125 euros por cada una que se mantenga vacía. También se hará cargo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de todos los gastos del contrato de gestión del alquiler.

La Sareb, por su parte, pagará los seguros de las viviendas y las cuotas de comunidad de propietarios. Las viviendas vacías tendrán un período de carencia de seis meses en el pago mensual hasta que se solucione su ocupación. Si necesitaran algún tipo de reparación, los gastos se abonarán al 50 por ciento por el Consistorio y la Sareb siempre que no superen los 2.500 euros.

A los pisos de la Sareb se accederá a través de los servicios sociales municipales, con un precio de alquiler que no superará el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Pasados los ocho años de vigencia del contrato, se podrá renovar anualmente. La mayoría de las viviendas están ubicadas en la zona sur de la capital.

"Sensibilidad social"

"No sabemos lo que nos vamos a encontrar; no vamos a permitir la patada en la puerta ni los alquileres ilegales que habitualmente se hacen por mafias. Pero luego, detrás de cada puerta hay un problema y una necesidad que vamos a estudiar", ha explicado Serrano.

La medida pretende terminar con los desahucios y las mafias de alquileres ilegales

Tras la firma del convenio, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha remarcado que esta operación va en la línea de su política municipal de hacer posible que "todo el mundo tenga una vivienda" y ha comentado que su pretensión es disponer de más vivienda pública.

"La Empresa Municipal de la Vivienda pretende tener un gran parque de viviendas. El Gobierno anterior vendió una parte muy importante del parque de viviendas y nosotros estamos ahora intentando proveernos al máximo de viviendas que necesitamos para las emergencias y las necesidades de los más vulnerables", ha dicho Carmena a los periodistas.

En este convenio ambas entidades estaban trabajando desde el mes de julio, según ha dicho la alcaldesa, mientras que el presidente de la Sareb ha remarcado el trabajo de la entidad para que las viviendas que gestiona "lleguen a manos de quien realmente las necesita".

"Lo que podemos aportar es una parte de nuestro patrimonio cedido en alquiler de manera asequible para que se pueda pagar y se pueda tener un uso habitacional como Dios manda", ha comentado Echegoyen, quien ha dicho que, además del mandato de "liquidar" las viviendas, la Sareb tiene "sensibilidad social".

El pasado noviembre, la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) publicó un mapa en el que aseguraba haber localizado 22.000 inmuebles sin ocupar de la Sareb, un 50% más de las que había cifrado el "banco malo", que había anunciado con emprender medidas legales contra la asociación, a la que acusaba de confundir con los datos que difunde.

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