Los funcionarios españoles se enfrentan a un nuevo retraso en la percepción de la subida salarial prometida por el Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo anunció un incremento de 300 euros en julio para tres millones de empleados públicos, la medida sigue sin aplicarse y podría demorarse hasta este septiembre.
La causa principal de este retraso se encuentra en la tardía aprobación del decreto que recoge el incremento del 2% en el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia ha provocado que los servicios de habilitación de los ministerios no hayan tenido tiempo suficiente para incluir la subida en las nóminas de julio y agosto.
¿Por qué se ha producido este retraso en las nóminas de los funcionarios?
- Aprobación tardía del decreto. La convalidación del decreto se produjo a mediados de julio, cuando los plazos para incluir la subida en las nóminas de esos meses ya estaban cerrados.
- Cierre anticipado de nóminas. Las nóminas de julio y agosto se programan casi simultáneamente, lo que dificulta realizar actualizaciones de última hora.
- Falta de presupuestos. Los empleados públicos han sido uno de los colectivos más afectados por la ausencia de presupuestos en los primeros meses de 2024.
A pesar de que el Gobierno asegura que el incremento se aplicará con efectos retroactivos desde enero, los funcionarios y sus sindicatos muestran su preocupación por la demora y reclaman una solución urgente. Algunos expertos advierten que incluso en septiembre podría haber nuevos retrasos, lo que generaría aún mayor malestar entre los empleados públicos.
El coste de esta actualización de los salarios públicos será de unos 4.746 millones de euros, según las estimaciones que el Gobierno envió en el Plan Presupuestario a Bruselas.
