La responsabilidad social corporativa es el nuevo imperativo de las empresas, que han comenzado a dejar de concebirlo como un mero aspecto reputacional o un elemento voluntario, ya que se ha convertido en un requerimiento legal desde hace poco. Así lo ha puesto de manifiesto José Antonio Jiménez Corpa, manager de Sostenibilidad de la consultora internacional Deloitte durante un desayuno organizado por Vozpópuli y patrocinado por Inditex.
"El tema de la sostenibilidad parece que es un tema del que se habla mucho, que importa cada vez más. Pero cuando vas al negocio da la impresión de que se diluye. Esto está cambiando y tiene que cambiar", ha asegurado Jimenez. Según ha afirmado, con la nueva legislación puesta en marcha del Real Decreto-ley 18/2017 sobre la divulgación de información no financiera de las empresas, el desarrollo sostenible de las mismas se convertirá en algo imperativo.
"A partir de ahora, con la nueva legislación, cualquier compañía va a tener muy complicado explicar por qué sus inversiones no son verdes. Una empresa que no tenga en cuenta la sostenibilidad dejará de funcionar, acabará muriendo", ha reiterado, tajante.
Cambio legislativo
“Hasta hace bien poco las empresas no tenían la obligación de comunicar nada sobre estos temas. Si bien había algunas compañías que sí lo hacían, era fundamentalmente por requerimiento de ciertos grupos de interés y temas reputacionales, pero era voluntario”, ha explicado Jiménez, que durante sus más de 15 años de experiencia en Deloitte ha tenido que colaborar con decenas de compañías para ayudarles con sus áreas de Responsabilidad Corporativa.
En 2017, no obstante, se produjo un cambio legislativo a partir del cual, las empresas están obligadas a publicar su “Estado de Información no Financiera”, donde tienen que especificar qué medidas llevan a cabo en materia de responsabilidad corporativa, si existe brecha salarial entre sus empleados y qué proyectos están poniendo en marcha para fomentar la diversidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible.
“Esto se ha convertido ya en información de primer línea de la compañías, ya que tiene que pasar por el mismísimo consejo de dirección”, ha apuntado Jiménez. No obstante, todavía son muchas las empresas que encuentran enormes dificultades a la hora de saber qué tipo de datos tienen que incluir en estos informes. “Hay que comprender que hay empresas que jamás habían tenido que enfrentarse a algo parecido”, ha afirmado.
La nueva normativa obliga a las empresas a publicar las remuneraciones de sus empleados, por ejemplo, con el objetivo de detectar posibles brechas salariales entre hombres y mujeres. En el caso de que una compañía cuente con una brecha salarial notable, tiene que explicar los motivos que justifican esa diferencia salarial y exponer qué medidas está poniendo en marcha para facilitar el acceso a puestos directivos o de responsabilidad para sus empleadas, por ejemplo.
Ir más allá de los datos
“La ley ya no te pide únicamente que digas si estás colaborando o no, si haces acción social o no, sino lo que te exige es decir con quién estás colaborando y por qué”, apunta el manager de Sostenibilidad de Deloitte. Tal y como explica, esto sirve para evitar posibles conflictos de interés de determinadas compañías con partidos políticos o asociaciones influyentes de su sector.
“Pero más allá de la ley, son cosas que la compañía hace porque también quiere mejorar su visibilidad externa y porque también quiere que sus propios trabajadores se sientan orgullosos de trabajar donde lo hacen”, ha añadido, recordando que la mayor parte de las grandes compañías que conforman el Ibex35 llevan años publicando esta información sin requerimiento legal alguno.
