Banco Santander recordó ayer en el Congreso de los Diputados que, en el supuesto de que los tribunales europeos acaben dando la razón a los afectados por la resolución de Banco Popular, serán las propias autoridades comunitarias las que deberán hacer frente a la factura legal que implique el proceso.
Así lo señaló el actual presidente de Popular y vicepresidente de Santander España, Rodrigo Echenique, quien aseguró en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera y la caída de Banco Popular que el responsable legal de las demandas que se dirigen contra la Junta Única de Resolución (JUR), en caso de resultar victoriosas, será el Fondo Único de Resolución (FUR). "Ahí nosotros no tenemos nada que ver", espetó.
Estas declaraciones pueden interpretarse como una respuesta a la Comisión Europea, que a comienzos de mes indicó en un informe, en cuya elaboración participó también el Banco Central Europeo (BCE), que sería el banco cántabro quien, en principio, debería hacerse cargo de los riesgos legales que implique la resolución de Popular. "Será en principio el responsable de otros costes legales potenciales en su gestión de los accionistas o bonistas del Popular", reza el documento de Bruselas, en relación a Santander.
Riesgo legal de 350 millones
Según los cálculos del banco que preside Ana Patricia Botín, el riesgo legal al que se expone actualmente la entidad por la compra de Popular es de unos 350 millones de euros, pues del riesgo total de 1.100 millones de euros que estimó antes de la operación, algo más de 750 millones de euros ya se han liberado con la colocación del 78% del bono de fidelización que ofreció Santander a algunos de los perjudicados -la aceptación de este bono exigía no emprender acciones legales contra el banco-.
Precisamente ayer Echenique defendió que Santander no encontró "inexactitudes ni falsedades" en las cuentas de Popular del ejercicio 2016, lo que contradice un informe reciente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que apunta a que existen indicios de que esto no era así.
De hecho, si se demuestra en la Audiencia Nacional que estas cuentas reflejaban una imagen que no era fiel, se abriría la puerta a que multitud de minoristas de Popular que terminaron por perder su inversión con la resolución obtuvieran el favor de los tribunales para ser compensados por Santander.
No obstante, Echenique aseguró ayer sentirse tranquilo a este respecto, pues según defendió, las sentencias que por el momento dan la razón a los afectados por la resolución se fundamentan en la comercialización de acciones, no en las cuentas. "Ahí estamos tranquilos".
Doctrina Bankia
Además, insistió en que el bono de fidelización no estaba destinado a evitar litigios, sino a mantener la franquicia de Popular. "El objetivo del bono de fidelización era mantener la base de clientes, no evitar pleitos", espetó Echenique, que indicó que el "riesgo principal" de la compra de Popular era el deterioro de la franquicia a consecuencia de una pérdida de clientes y empleados.
En relación a los accionistas institucionales, que representaron el 40% de la ampliación de capital de 2016 -unos 1.000 millones de euros-, el presidente de Popular cree que no existen posibilidades de que prosperen las reclamaciones si se aplica lo que bautizó como la 'doctrina Bankia', en referencia a la sentencia que da la razón al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri frente a Iberdrola por la salida a Bolsa de Bankia.
Personalidad jurídica
En cualquier caso, abogó por interrumpir la continuidad de la personalidad jurídica cuando una entidad es adquirida por otra para evitar sanciones a Santander por decisiones de los antiguos responsables de Popular.
"Nos encontramos con que nos quieren sancionar con actividades de 2015 o 2016 y nos pretenden instruir expediente con sanción, por ejemplo, por la comunicación que hizo Popular sobre las retribuciones. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?"
Respecto a los procesos penales en la Audiencia Nacional, Echenique afirmó que Santander no se "verá afectada" porque están dirigidos contra los dos anteriores órganos de gestión, aunque el banco cántabro sí se encuentra entre los investigados.
