A partir de las 12:00 de este martes, los 751 diputados que conforman Parlamento Europeo votarán una de las regulaciones más polémicas de los últimos tiempos en la Unión Europea, cuya mirada está ya puesta en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Se trata de la nueva directiva de copyright europea, una normativa que de acuerdo con sus detractores, podría cambiar Internet tal y como lo conocemos.
Después de años en desarrollo -y varios meses de cambios- el texto final para modernizar las leyes de derechos de autor en la UE ya ha sido presentado ante los europarlamentarios, que votarán hoy si admiten o no que la directiva se vuelva obligatoria en todos los países del bloque. Una de las decisiones más polémicas ha sido tomada en las últimas semanas, ya que los proponentes de la directiva han optado por cambiar parte del texto en la mismísima recta final de la votación.
El foco de la polémica reside en dos artículos, principalmente. Por un lado, en el actual Artículo 15 -que en la fase previa al último cambio era el Artículo 11- con el que se pretende establecer una tasa por compartir enlaces de noticias en Internet. Es decir, obliga a cualquier sitio web que contenga publicidad a pagar por compartir y recoger citas a artículos de prensa. Por otro lado, implica decir adiós a los ‘memes’: cualquier tipo de contenido creado por los usuarios que contenga extractos de trabajos con licencia será eliminado.
Como resultado, los miles de enlaces que se comparten a diario en redes sociales, los sitios web de agregación de noticias y los motores de búsqueda ya no mostrarán extractos o dejarán de estar disponibles. Para Sergio Carrasco, abogado experto en tecnología, la imposición de tasas es “absurda”, sobre todo cuando resulta aplicado al contenido de medios de comunicación.
“En muchas ocasiones, son los propios medios de comunicación los que tienen interés en que los usuarios compartan sus noticias. ¿Qué sentido tiene?”, apunta. Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), también han denunciado que este artículo tendrá un impacto muy negativo para la pluralidad de los medios, sobre todo los digitales.
Dos de sus miembros viajaron ayer a Bélgica para reunirse con miembros españoles del Parlamento Europeo, a quienes entregaron una ‘Carta Abierta’ donde les solicitaron que votasen en contra de la regulación. Si sus esfuerzos han dado sus frutos se reflejará este mediodía.
Censura 'automatizada'
No obstante, puede que el artículo que peor ha sido recibido por el público sea el Artículo 17 -antiguo artículo 13- de la directiva, que obligará a webs como Youtube, Instagram, Twitter o Facebook a establecer filtros para que el contenido con derechos de autor que se trate de subir a la red sea bloqueado de forma automática. Según la normativa pendiente de aprobación, estos filtros de ‘censura automática’ deberán recoger excepciones como la cita y la parodia.
Para los opositores de la nueva directiva, el principal riesgo es que se que la censura sea llevada a cabo por algoritmos debido al enorme volumen de contenidos que gestionan estas páginas web. Es decir, que los encargados de definir qué contenidos quedarán protegidos por ser parodia o cita terminen siendo máquinas y no seres humanos. Tal y como denuncia en un comunicado de la PDLI el abogado Carlos Sánchez Almeida, “en la práctica, el algoritmo borrará contenidos, porque las máquinas tienen un sentido del humor muy especial”.
“Las grandes empresas tecnológicas van a jugar a lo seguro y hacer uso de lo que denominamos como ‘falsos positivos’, antes de jugársela y ser responsables de no haber ejercido censura cuando tocaba”
“Las grandes empresas tecnológicas van a jugar a lo seguro y hacer uso de lo que denominamos como ‘falsos positivos’, antes de jugársela y ser responsables de no haber ejercido censura cuando tocaba”, explica Carrasco. Según alega, aunque la ley pueda reconocer los “matices” que separan los casos en los que se trate de parodia y aquellos que no, es más que probable que no quede reflejado en la práctica. “Este tipo de mecanismos de censura van a bloquear dicho contenido de manera directa, ya que sólo van a reconocer que contiene un extracto recogido por el usuario con contenido con licencia”.
La normativa contempla que se pueda apelar en aquellas situaciones en las que los algoritmos que tendrán que poner en marcha los sitios web hayan bloqueado contenido de manera injustificada. Según alega Almeida, la normativa “hace responsables a los servicios que permiten a los usuarios compartir contenidos, y en la práctica obliga a implantar filtros de borrado. Solo se supervisará por seres humanos si el usuario reclama. Primero censura, luego pregunta”.
#SaveYourInternet
De acuerdo con un estudio de GAD3, siete de cada diez españoles opinan que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión en Internet. Este argumento es el que más se repite entre los opositores de la nueva directiva, que han puesto en marcha numerosas campañas online con el objetivo de concienciar a la población europea y sobre todo, presionar a los parlamentarios para que voten en contra de la regulación.
Una de las cabezas más visibles de este movimiento, que se aúna bajo el hastag #SaveYourInternet, es la eurodiputada Julia Reda, del Partido Pirata alemán. Ha sido una de las primeras en alzar la voz de alarma sobre las implicaciones de la nueva directiva, llegando a recibir advertencias por parte de la Eurocámara por compartir los avances de un proceso que no ha sido demasiado transparente. Sus medidas para asegurar que la votación de este martes no sale adelante se han traducido en poner en marcha una campaña en la que solicitan a los usuarios que llamen directamente a parlamentarios europeos para pedirles que voten en contra de la nueva ley de copyright.
Por el momento, más de 5 millones de personas han votado en la web Change.org en contra de la directiva, y se han llegado a producir manifestaciones en varios países europeos, las más multitdinarias en Alemania. Lo más llamativo es que a este movimiento se han sumado no sólo activistas, académicos y periodistas, sino también directores ejecutivos -más de 130 de ellos han firmado una carta en la que alegan que puede llegar a dañar la economía europea- y hasta el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye.
