Más que alarma, la investigación de Bruselas sobre las posibles ayudas de Estado ilegales por el aval de los activos fiscales diferidos (DTA) ha causado incertidumbre entre los principales ejecutivos de la banca española. El Gobierno ha realizado una ronda con el sector para transmitir un mensaje claro de que la medida que se encuentra en estudio sólo afecta al ámbito de la competencia entre países y no de la solvencia de las entidades de crédito. Por este motivo, el propio ministro de Economía Luis de Guindos ha transmitido a las entidades que no sufrirán una reducción de solvencia, porque seguirán contabilizándose los DTA capitalizados a finales de 2013 y, por tanto, no serán necesarias ningún tipo de ampliaciones de capital.
Algunas de estas conversaciones entre Guindos y el sector, según confirman fuentes bancarias, se han producido incluso antes de que este martes se conociese, por una información del Financial Times, que la Dirección General de Competencia está solicitando información a los gobiernos de España, Portugal, Italia y Grecia sobre los avales que ofrecieron a sus respectivos sectores financieros para que pudieran contabilizar como capital una bolsa de activos fiscales diferidos por valor de 80.000 millones. La banca española se apuntó la mitad de esta cifra, 40.800 millones.
La iniciativa de Bruselas sobre los DTA fue uno de los temas de conversación de los ejecutivos españoles con sus homónimos europeos en las conferencia bancaria de Morgan Stanley que se celebraron en Londres, a finales del pasado marzo. De hecho, las consultas entre el sector y Economía se iniciaron entonces.
Algunas fuentes que participaron en ese foro sostienen que si la Unión Europea considera ilegales el asunto de los activos fiscales, la medida tendría un primer efecto sobre las cuentas públicas al tenerse que apuntar como déficit en las cuentas de 2013 los 40.800 millones avalados por el Estado. Estos avales sólo se activarían en caso de que una entidad entrase en liquidación o sufriese pérdidas. Estas mismas fuentes sostienen que no habría impacto alguno para las entidades.
"Yo creo que está bastante claro que los DTA monetizables de los que se está hablando computan como capital. El tema es si son ayudas de Estado y las consecuencias que pueda tener eso. Estamos tranquilos. Pensamos que la reforma que se hizo por parte del Gobierno cumple con todos los condicionantes para no ser ayudas de Estado, así que no nos genera más preocupación", aseguró José Sevilla, consejero delegado de Bankia, que participó este miércoles en unas jornadas financieras organizadas por Deloitte y ABC.
Tranquilidad ante la investigación
Tanto Sevilla, como el resto de consejeros delegados (Santander, Popular, Sabadell, Caixabank y BBVA) que participaron en este foro, se mostraron tranquilos ante el anuncio efectuado por Bruselas. Una investigación que no apoya el Banco Central Europeo, según confirman tanto fuentes del sector como comunitarias. Incluso, la institución presidida por Mario Draghi se encuentra molesta porque la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, esté cuestionando el asunto de los activos fiscales diferidos.
El supervisor europeo considera que esta investigación puede alterar la marcha de la recién iniciada supervisión bancaria única al considerar que Bruselas puede poner en tela de juicio la validez de los test de estrés realizados por el BCE y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en octubre pasado. "En Francfort están molestos porque nadie alzó la voz cuando se realizaron las pruebas en las que se tuvieron en cuenta estos DTA para calcular la solvencia de las entidades", explica una fuente conocedoras de las intenciones del BCE.
"El supervisor europeo no tiene intención de solicitar mayor capital a las entidades para este curso", confirma otra fuente. En esa misma idea redundó Luis Linde, gobernador del Banco de España. "No se va a pedir más capital a las entidades", explicó en el mismo foro financiero de Deloitte. De hecho, el BCE cerró los objetivos de capital de 2015 con cada entidad a finales del pasado ejercicio. Durante el último trimestre de este año, el supervisor europeo concretará los niveles de capital para 2016. "De aquí a entonces el tema estará aclarado y centrado", confía Sevilla.
Desde el sector se explica que este tema tiene más acento político que financiero. La denuncia a Competencia proviene de un banco inglés, según confirma a este diario un alto ejecutivo español. "Tenemos una normativa de capital unificada para todos los bancos pero no tenemos una normativa fiscal unificada. Los criterios fiscales que se utilizan en otros países, como Alemania, a la hora de reconocer los créditos fiscales son diferentes a España o Italia. Por tanto, el debate a medio y largo plazo es cómo unificar la normativa fiscal para por lo menos garantizar que las entidades financieras, ya que afecta al capital y tenemos una norma de capital, sea igual para todos", explica Sevilla.
