Cataluña ha lanzado el guante de la rebeldía fiscal al Gobierno. Pero el Ejecutivo de Rajoy va a tener muy difícil destapar el farol catalán sin despertar de nuevo el monstruo de la prima de riesgo.
El pacto de CiU con Esquerra incendió este miércoles al Gobierno. Fuentes del Gabinete de Rajoy afirmaron que el presidente catalán, Artur Mas, “se había comido todo el programa de ERC” con tal de alcanzar un acuerdo de investidura. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que la legislatura catalana se convertiría en una montaña rusa, una fuente de inestabilidad.
Desde hace tiempo, el conseller catalán Andreu Mas-Colell no tiene empacho en decir que le va a costar mucho recortar el déficit. Y ahora que ERC ha pactado con Mas y la gente de perfil más técnico ha sido arrumbada en la Generalitat en pro del catalanismo, la insumisión de los catalanes será abierta y descarada.
El gobierno de Mas incumplirá y, además, recurrirá a toda suerte de impuestos que chocan directamente con la potestad del Ministerio de Hacienda. Como parte del acuerdo para la transición nacional, Cataluña prepara gravámenes sobre los depósitos bancarios, las nucleares, las grandes superficies, los pisos vacíos en manos de sociedades, el transporte de mercancías por carretera, las bebidas azucaradas, y reforzarían el impuesto de Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones para recaudar más. Hasta nueve tributos que convierten a Cataluña en un infierno fiscal.
El propio Montoro anunciaba ayer que si hacía falta recurriría al Constitucional la tasa bancaria y la nuclear, porque podrían romper la unidad de mercado, tal y como ya ha advertido al ministro una carta de Bruselas.
Al mismo tiempo, tanto por boca de los políticos de Cataluña como de sus medios proliferan las acusaciones vertidas sobre el Gobierno de Rajoy porque “asfixia financieramente a Cataluña”. ¿Qué puede hacer el Gobierno ante semejante panorama?
Por un lado, el Ministerio de Hacienda argumenta que ha prestado unos 5.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña. Por otro, a falta de dos semanas para que acabe el año, Montoro no ha enviado todavía la carta con las medidas correctoras del plan de reequilibrio catalán, a la espera de que forme gobierno.
Fuentes de Hacienda recuerdan que los contactos son constantes, que el cierre de las cuentas no termina hasta el 30 de enero y que ellos son los que pagan las facturas y, por lo tanto, deciden qué se hace o no, de modo que de facto tienen intervenida la tesorería de la comunidad.
No obstante, el nuevo giro de la Generalitat puede poner muy difícil las relaciones. “Ciertamente es una situación endiablada. El govern se verá animado a incumplir para fomentar el victimismo, al tiempo que Rajoy intentará por todos los medios evitar la intervención directa”, reconoce una fuente cercana al PP.
El sistema de intervención directa tarda unos siete meses en activarse una vez se ha elevado la advertencia a la comunidad al Consejo de Ministros, algo que aún no se ha hecho. Sin embargo, algunas fuentes explican que la intervención puede llevarse a cabo siempre que la autonomía acumule dos trimestres de incumplimientos, situación en la que ya habría incurrido Cataluña.
El Gobierno es consciente además de que la prima de riesgo se resentirá si interviene las cuentas de Cataluña. Pero a la vez sabe que no puede dejar a Artur Mas y cía enviando al exterior el mensaje de que pueden hacer caso omiso a las directrices del Ejecutivo, otro hecho que repercutiría de forma muy negativa sobre la prima de riesgo.
De modo que la estrategia del Gabinete de Rajoy es aprovechar que el mercado ha dejado sin financiación a Cataluña y emplear el FLA tacita a tacita para asegurarse el cumplimiento y dejar enfriar el conflicto. Otra cosa distinta es hasta qué punto Convergencia y ERC estarán dispuestos a ello.
