El Gobierno está intentando aumentar el apetito de las empresas por las convocatorias de los fondos UE ante la baja ejecución de los mismos. Una de las problemáticas a las que se enfrentan los beneficiarios del dinero es la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos, además de los ajustados plazos para presentarse a las convocatorias. En este sentido, el Ejecutivo está ofreciendo a los empresarios la posibilidad de financiar con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) la parte que les corresponde sufragar, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes gubernamentales.
Cristina Carcelén, senior advisor del área de Sector Público de EY, explica a este periódico que "el nivel de cofinanciación que se pide a los beneficiarios de las ayudas deriva del cumplimiento de la normativa UE en materia de ayudas de Estado". En este sentido, "para tratar de atraer el interés de los operadores privados en participar en los proyectos y éstos cuenten con préstamos en condiciones lo más favorables posible para su parte de cofinanciación, se está colaborando con el ICO", reconoce Carcelén.
La experta de EY asegura que la necesidad de cofinanciar los proyectos "no es algo exclusivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sino que sucede también en otros Fondos comunitarios" y determinados Ministerios están tratando "en todo momento de exigir el menor nivel de cofinanciación a aportar por los beneficiarios, de entre los márgenes permitidos por la normativa comunitaria", además de ofrecer la posibilidad de financiarse con el ICO.
La inversión privada, necesaria para desbloquear más fondos UE
El ICO ha sido un aliado fundamental del Gobierno en las últimas dos crisis, la sanitaria y la energética. La concesión de préstamos avalados por el Instituto es una de las medidas presentes en ambos paquetes de medidas lanzados en marzo de 2020 y marzo de 2022, y ahora también se prestan como solución para agilizar la adjudicación de los fondos UE. Y es que el Gobierno debe cumplir las inversiones comprometidas con la Comisión Europea para seguir desbloqueando tramos del dinero europeo (los próximos, de 12.000 millones y 6.000 millones).
Los primeros pagos estaban asociados, sobre todo, a reformas que debía llevar a cabo el Gobierno; pero en los próximos hitos y objetivos las comunidades autónomas deberán garantizar que el dinero llega realmente a la economía. Para conseguirlo, el Gobierno está tomando ciertas medidas, como la financiación más atractiva para las empresas y la flexibilidad en el reparto de los fondos UE por CCAA, permitiendo absorber más dinero a aquellas que más rápido ejecuten el dinero que se les ha asignado.
Del éxito que tengan las convocatorias también dependerá el impacto que los fondos europeos tengan en la economía, un asunto sobre el que de momento tampoco hay consenso. BBVA Research calcula que este año aportarán entre medio punto y un punto más al crecimiento, dependiendo del momento en que se realice y el tipo de proyectos. El Banco de España (BdE) también anticipa un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB en 2022 de 1,4 puntos, por debajo del impacto previsto por el Gobierno hace un año, en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, donde contempla una aportación promedio de 2 puntos de PIB en el periodo 2021-2023.
En este primer semestre el Gobierno pretende movilizar 38.500 millones, pero unos 2.600 millones son remanentes que se quedaron sin autorizar en 2021 y 14.435 millones autorizados el pasado año y sin cerrar. Es decir, que el 43% de los fondos europeos que el Gobierno quiere repartir en el primer semestre del año se arrastran de 2021. Los expertos creen que parte de los 26.900 millones de fondos UE presupuestados para 2022 volverán a quedarse sin gastar este año, precisamente, porque el Gobierno tiene que hacer uso de los remanentes que se arrastra de 2021. Un efecto denominado 'bola de nieve' y que ha traído a colación la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ante lo acaecido a finales del año pasado.
El Gobierno no da datos de ejecución real de los fondos, en términos de contabilidad nacional, desde el pasado agosto, en que sólo alcanzaba los 104 millones. La AIReF acaba de reclamarle que publique esta información, clave para un seguimiento y control ajustados.
