Según los datos remitidos al Ministerio de Hacienda por la propia administración catalana, este año se propone recaudar 1.609 millones extra como consecuencia del aumento de los principales impuestos, frente a una reducción de gasto prevista de solo 729 millones de euros. Hasta el momento, la Generalidad que preside Artur Mas ha enfatizado la dureza de los ajustes que ha tenido que encarar para cumplir con los objetivos de déficit a los que obliga la nueva ley de Estabilidad, pero, en cambio, ha corrido un tupido velo sobre la recaudación tributaria extra que piensa obtener como resultado de la subida de impuestos. De hecho, más del 68% del ajuste catalán lo sufrirán los residentes en esta comunidad a través de un aumento de la fiscalidad.

Más del 68% del ajuste catalán lo sufrirán los residentes en la comunidad pagando más impuestos

En una situación similar se encuentra Andalucía. El Gobierno regional que vuelve a presidir José Antonio Griñán ha remitido a Hacienda los planes que tiene en marcha para aumentar la recaudación en 1.227 millones, mientras que ha dejado en blanco la casilla de las partidas donde prevé reducir el gasto. En este caso y en los del resto de las comunidades, los recortes deberán estar concretados al máximo antes de mediados de este mes de mayo, pues será en el Consejo de Política Fiscal previsto para dentro de dos semanas donde se exponga el aprobado o el suspenso del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro para cada autonomía.

Si se cuantifican las medidas de reducción del gasto en este ejercicio y se comparan con las que se están tomando para aumentar los ingresos, se observa fácilmente que un 41% del ajuste autonómico en las 17 comunidades se hará por la vía de aumentar la recaudación tributaria, aunque no en las proporciones tan disparatadas que alcanza Cataluña. El conjunto de las medidas comprometidas supone una reducción total del gasto de 5.701 millones de euros y un aumento de los ingresos, vía impuestos, de 4.052 millones.

Para lograr esta recaudación suplementaria, las comunidades están recurriendo a eliminar algunas deducciones autonómicas en el IRPF, como la inversión en vivienda habitual para jóvenes, a crear tributos propios, a incrementar la tarifa autonómica en el impuesto sobre hidrocarburos, al aumento de las tasas y también al incremento de la recaudación por multas y sanciones, según reconocen en los informes remitidos a Hacienda.

Las comunidades reconocen que recurrirán a aumentar la recaudación por multas para conseguir más ingresos

Una excepción importante a la regla es la comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre se ha comprometido a recortar el gasto en 228 millones de euros durante 2012 y a no subir impuestos.

Cristóbal Montoro ha trasladado a las comunidades que las medidas sobre ingresos y gastos pueden ser adoptadas por los gobiernos regionales aplicando las leyes vigentes, sencillamente ejerciendo sus competencias, sin necesidad de que el Estado modifique la normativa básica que determina, en muchas ocasiones, el volumen de su gasto. El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, han sido los que más se han quejado de la falta de un marco legislativo idóneo a nivel estatal para encauzar los ajustes pendientes, una actitud con la que pretenden cargar los costes políticos de estas medidas sobre el Gobierno central.