Hacienda examinará en breve la forma en que los gobiernos autonómicos han decidido ajustarse el cinturón para cumplir con el 1,5% de déficit comprometido con Bruselas. El pasado lunes, el Gobierno recibió los informes en los que las comunidades retratan sus planes de ajuste, de los que dependerá su acceso a los fondos previstos en los Presupuestos que ahora se tramitan en el Congreso. Se juegan gestionar por sí solas 84.263 millones de euros, cifra que se eleva a 98.557 contando con el dinero destinado a los 8.116 ayuntamientos.
En total, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha previsto 14.066 millones más que el año pasado, recursos destinados todos ellos a que las comunidades y los ayuntamientos financien las competencias que tienen transferidas en sanidad, educación y servicios sociales. Como los gobiernos regionales deben afrontar recortes en estas partidas por importe de 10.000 millones, el saldo favorable supera los 4.000 millones si se compara con el de 2011.
El objetivo último de este aumento presupuestario es evitar un estallido social como consecuencia de los ajustes que el Gobierno está promoviendo en éste y otros frentes. El aumento de los recursos que recibirán las comunidades y los ayuntamientos servirá para compensar, en parte, la pérdida de recaudación que sufrirán estas administraciones como consecuencia del desplome de los ingresos derivados del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, cifrado en un 5% de media.
La condición inexcusable que Hacienda ha puesto a las comunidades y los ayuntamientos para gestionar por ellos mismos estos fondos pasa por el cumplimiento riguroso de los objetivos de déficit, fijados para este año en el 1,5% del PIB.
El temor a que se produzca un estallido social que se le vaya de las manos al Gobierno se percibe en boca de numerosos dirigentes políticos de todas las tendencias, sobre todo si la contestación en la calle llega a desbordar las convocatorias de los propios sindicatos.
Los 9 millones de pensionistas más los casi 6 millones de parados se quedan cerca de los 17 millones que forman la población activa
Las últimas demostraciones que hemos conocido no han sido excesivamente ambiciosas, a pesar de que la EPA refleja ya una tasa de paro superior al 24% y de que las previsiones gubernamentales que acaban de viajar a Bruselas anticipan que en 2016 España seguirá con cinco millones de desempleados. La foto es demoledora: si se suman los nueve millones de pensionistas a los casi seis millones de desempleados, el resultado queda muy cerca de los poco más de 17 millones de trabajadores que forman parte de la población activa.
Para ayudar a oxigenar todavía más las arcas municipales y autonómicas, el Gobierno aprobó hace pocas semanas una línea ICO dotada con 15.000 millones de euros para encarar los vencimientos de deuda financiera en el primer trimestre del año. A ello se suma el llamado plan de pago a proveedores, que no será visible hasta el mes que viene, además de la extensión hasta 120 mensualidades del reintegro al Estado de las liquidaciones negativas del modelo de financiación de 2008 y 2009.
