Economía

Desmantelamiento de Muface: el Gobierno de Sánchez ha recortado un 15% la plantilla

A fecha de 31 de diciembre de 2023, la plantilla de Muface era de 716 personas. En 2018 la mutualidad contaba con 816 trabajadores, 100 más que este último año

  • Fachada de un edificio de Muface. -

El Gobierno se ha propuesto acabar con Muface. La estocada final ha sido el informe redactado por el ministerio de Sanidad en el que planteaban acabar ya con la mutualidad, argumentando que incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es una opción "tanto viable como razonable". Pero no es una tendencia nueva. De hecho, según queda reflejado en los datos, es una decisión que viene de lejos.

Sólo desde el 2018, cuando comenzó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, el número de personas que desempeñan un puesto de trabajo en Muface ha disminuido un 15% pese a que el número de mutualistas ha aumentado un 5%, dejando ya clara esa intención de acabar con la mutualidad.

A fecha de 31 de diciembre de 2023, la plantilla de Muface era de 716 personas. De ellas, 683 fueron personal funcionario (95,4%) y 33 personal laboral (4,6%), tal y como queda reflejado en los datos de la memoria anual de 2023, publicada hace apenas unos días en plena polémica por la sanidad de los funcionarios. 

Cinco años antes, en 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la mutualidad contaba con 816 trabajadores, 100 más que este último año, de las cuales 738 fueron funcionarios (90,4%) y 78 personal laboral (9,6%). Es decir, que pese a que el número de mutualistas ha ido aumentando progresivamente, la tendencia en el número de trabajadores ha sido la contraria. De hecho, ha sido el año con menos empleados a pesar de que se ha batido récord histórico de mutualistas. 

Este año ha habido menos trabajadores que en 2020, año en que se registro cifra récord a causa de la pandemia, como se puede consultar en el siguiente gráfico.

Las tareas de estos trabajos son variadas, pero en ningún caso hacen referencia a servicios de salud propiamente dicho, ya que estos servicios los proporcionan las aseguradoras. Concretamente, la mayor parte de la plantilla de MUFACE presta servicios en las direcciones provinciales, donde desempeña tareas relacionadas con la atención al colectivo mutualista. En servicios centrales solo trabajan 187 personas y las otras 629 están destinadas en las provincias. 

"Los recursos humanos son el eje vertebrador del funcionamiento del organismo, y por ello la política de personal en 2023 sigue siendo prioritaria y se basa en el estudio plurianual de las plantillas y las necesidades funcionales del organismo. Este estudio incluye la valoración del número de jubilaciones, los nuevos proyectos asumidos por MUFACE, la digitalización y modernización de la gestión y la mejora de la atención a las personas mutualistas, entre otros criterios", según explican desde la mutualidad.

El Gobierno plantea acabar ya con Muface

El Gobierno lleva tiempo convencido de la necesidad de acabar con Muface. Aunque los datos del número de trabajadores refleja bastante bien esa idea, esta semana se ha vivido la estocada final. El Ministerio de Sanidad ha planteado acabar definitivamente con el sistema de mutualidad y considera que la Sanidad Pública está preparada para acoger a los 1,5 millones de funcionarios que se quedarían sin cobertura sanitaria por el fin de Muface. El equipo de Mónica García considera que "el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable". 

Según el informe de impacto titulado "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud", elaborado por el Ministerio para evaluar las consecuencias del posible desmantelamiento de MUFACE, la transición al sistema público se llevaría a cabo de forma progresiva durante un período de nueve meses, a partir de enero. 

El informe subraya que "el modelo MUFACE actual no es sostenible, incluso con un aumento significativo de la cápita". No obstante, se reconoce que, en caso de que los funcionarios pasen al sistema público, sería necesario llevar a cabo análisis más detallados en futuras etapas, utilizando los sistemas de información sanitaria disponibles y colaborando con las Comunidades Autónomas y el INGESA.

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