Ministerio de Transición Energética, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las distribuidoras eléctricas llevan meses negociando el nuevo marco regulatorio del transporte y la distribución que deberá salir adelante a partir del próximo año.

El nuevo período abarca desde 2026 hasta 2031. En él, según informan fuentes del sector, se pretenden agilizar los tiempos de evaluación para validar las mejoras de los proyectos y también se sentarán las bases para incentivar las actividades de transporte y distribución de electricidad.

Todo ello, se da en un contexto en el que la demanda eléctrica no para de crecer y en el que el propio sector espera y desea que siga al alza. “Cuanta más demanda haya, mejor será para el conjunto de consumidores porque el precio a pagar por los costes fijos será menor, de lo contrario, el coste subirá”, indican fuentes del sector energético. De lo contrario, el peaje, nunca mejor dicho, será mayor y los españoles deberían pagar algo más. O al menos, a priori. 

Redeia, Iberdrola, Endesa y EDP son algunas de las compañías encargadas de gestionar las infraestructuras encargadas de suministrar electricidad a miles de empresas industriales y a los pequeños consumidores y la consulta pública debería cerrarse antes de que acabe este año. En los últimos meses, los principales agentes se han reunido para incentivar la inversión en redes. “La falta de capacidad estructural de la red se está convirtiendo en un cuello de botella para la electrificación y para nuevas oportunidades en la industria y los servicios”, remarcan las fuentes del sector.

Las empresas encargadas de gestionar las redes entienden que para que las grandes empresas e inversores aterricen en España se les debe dar la seguridad de que nuestro sistema sea capaz de soportar una gran cantidad de demanda eléctrica que se generará en los próximos años. La electrificación de la economía o el auge del sector de los centros de datos supondrán que en España se pida una cantidad muy superior a la que se consume actualmente. 

Para ello, las eléctricas piden que se facilite en el nuevo período que se abre la retribución a los agentes implicados en mejorar las infraestructuras puesto que el sistema debe absorber y otorgar la suficiente estabilidad y cantidad de energía eléctrica. Por poner un ejemplo, según datos de Aelec, las solicitudes de conexión a distribución para demanda aumentaron un 102% desde el año 2022 al 2023.

La tasa de retribución

Otro de los aspectos que más preocupa a las empresas encargadas de llevar la electricidad es la tasa de retribución. Es decir, las encargadas de gestionar las redes quieren un mayor retorno para tener un marco más atractivo a la hora de que grandes inversores apuesten por España.

Actualmente, la retribución está fijada en el 5,58% en el caso de las redes eléctricas, en el 5,44% para el transporte de gas y del 5,83% para el gas natural, y fuentes del mercado indican que la propuesta de la CNMC rondará el 6,5%. Pero, a su vez, las empresas piden un mayor rendimiento ya que Italia, Noruega o Grecia poseen unas tasas que se elevan por encima del 8%. Fuentes del sector arguyen que el 7,5% entraría en un escenario propicio para atraer inversores.

Con esta cifra, la retribución a las eléctricas se dispararía hasta los 670 millones de euros cada año, lo que se traduciría en unos 4.000 millones durante el nuevo marco regulatorio. Este aumento se cargaría en la factura de la luz.

Cada variación del 1% adicional en la tasa de retribución financiera representa un impacto de unos 335 millones de euros -unos 265 millones de euros en el caso de la distribución y otros 70 millones de euros correspondientes al transporte-. Así, elevar en esos seis años en dos puntos la tasa de retribución financiera para estas actividades supondría elevar la remuneración a la actividad en todo el periodo en, al menos, más de 4.000 millones de euros, que iría con cargo a los peajes.

Burocracia

Otro de los aspectos que más preocupa a las empresas eléctricas encargadas de distribuir la energía es el del largo período de tiempo que han de esperar las compañías para recibir el dinero por haber acometido inversiones. 

La CNMC es consciente de este hecho y reconoce que existen ciertos retrasos en la retribución y sopesa la idea de crear un mecanismo por el cual se recompense a la distribuidora de una mejor manera. “Si planificamos un proyecto de mejora en 2024, la realidad nos dice que recibiremos la cantidad en 2030”, se lamentan las fuentes del sector. Esto, a su juicio, provoca temor entre inversores por la inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria.

Con todo, las eléctricas agradecen la predisposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las negociaciones y el hecho de que haya trasladado a la CNMC la necesidad de acometer estos cambios necesarios. No obstante, en las últimas semanas el sector ha vuelto a insistir a Transición Energética, dirigido ahora por Sara Aagesen la relevancia en cambiar el marco regulatorio. “Es un momento crucial para los intereses nacionales”, señalan.

Las principales eléctricas prevén que se necesitan inversiones de unos 30.000 millones de euros en los próximos diez años para modernizar las infraestructuras eléctricas en España.

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