Representantes de los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixa, Bankia, y Popular, han mantenido reuniones recientemente para impulsar el Fondo Social de Vivienda (FSV). Las entidades, instadas por el Ministerio de Economía, han acordado aportar 3.000 viviendas más al FSV, que pasará de disponer de cerca de 6.000 pisos sociales a 9.000. El Gobierno tiene previsto anunciar la medida el lunes, según fuentes conocedoras del acuerdo.
El FSV fue creado en 2013 con 5.891 viviendas aportadas por 33 entidades financieras (desde las seis que entregó Banca March hasta las 1.000 de Bankia), pero a mediados de este año sólo se habían ocupado 2.000, aproximadamente. Entre los motivos apuntados por distintas fuentes que explican el escaso éxito de la medida figuran los límites exigidos para acceder a la vivienda, la negativa de usuarios a ocupar pisos por distintas razones, o la reducción en el número de ejecuciones hipotecarias. Por estas razones, las entidades de crédito implicadas han contratado a la consultora KPMG para desarrollar una plataforma que mejore la gestión actual del sistema.
De acuerdo a fuentes conocedoras del acuerdo, los bancos y la consultora crearán una web desde la que se informará de los pasos necesarios para acceder a uno de los pisos del FSV. En dicha web se volcarán los datos de las viviendas que cada banco ha aportado. En la actualidad, las solicitudes de acceso a las viviendas deben dirigirse a la entidad de crédito correspondiente, que tienen que dar prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Para ello los bancos han de solicitar informes a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales.
En la constitución del FSV se acordó que pudieran ser beneficiaros de la medida las personas afectadas por un desalojo producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, y que el desalojo se hubiera producido a partir del 1 de enero de 2008. Además debían encontrarse en circunstancias como que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros); que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad; o que se trate de una familia en la que exista alguna víctima de violencia de género.
En mayo de 2014 se acordó ampliar las circunstancias recogidas inicialmente en el Convenio para la creación del FSV al objeto de facilitar el acceso al Fondo a otras personas o grupos que puedan resultar socialmente vulnerables.
