El resultado de las elecciones generales de este domingo no aclara en exceso la formación de un nuevo Gobierno, lo que podría generar de nuevo una situación como la vivida durante los últimos meses, es decir, con un Ejecutivo en funciones. Un escenario especialmente delicado en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la infraestructuras, en especial el rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra y la aprobación de la nueva normativa aeroportuaria.
Ambas son cuestiones especialmente delicadas y, al mismo tiempo, urgentes. El rescate de las radiales, paralizado incluso desde antes de la celebración de las elecciones generales de diciembre 2015, necesita un impulso definitivo en las próximas semanas. Los procesos de liquidación en los que se encuentran algunas de las concesionarias en quiebra siguen su curso, con especial incidencia en el de la sociedad que tiene la concesión de las radiales R-3 y R-5. El tribunal de lo Mercantil que entiende de la liquidación ha determinado que a partir del próximo mes de octubre la Administración deberá ocuparse de la concesión.
Esta circunstancia se está volviendo cada vez más complicada, toda vez que las entidades financieras están procediendo a vender la deuda a fondos buitre con un considerable descuento
Esta circunstancia pondría en marcha el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración que, para el conjunto de las concesionarias que están en quiebra está cifrado en más de 5.000 millones de euros. Una cantidad que tendrá que afrontar el Estado si no media un acuerdo entre el Gobierno y los acreedores.
Esta circunstancia se está volviendo cada vez más complicada, toda vez que las entidades financieras están procediendo a vender la deuda a fondos buitre con un considerable descuento. Negociar con este tipo de vehículos será mucho más complicado.
El futuro de AENA
Este proceso será inviable, en cualquier caso, desde un Gobierno en funciones. De ahí que cuanto más se demore la formación del Ejecutivo, más posibilidades habrá de que finalmente el Estado tenga que asumir el coste de las concesiones en quiebra.
Mientras, otra de las inquietudes en torno a las cuestiones pendientes del Ministerio de Fomento es la aprobación de la nueva regulación aeroportuaria. El llamado Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) debe ser aprobado por el Gobierno en septiembre. En este documento se establecerá, entre otras cuestiones, la evolución de las tarifas para los próximos cinco años.
En el entorno de AENA, el gestor de los aeropuertos públicos españoles, se maneja un escenario en el que la aprobación del DORA tendrá que ser una de las primeras decisiones que tome el consejo de ministros una vez se haya constituido el nuevo Gobierno. Sin embargo, un retraso en la constitución del Ejecutivo retrasaría el calendario y la entrada en vigor de la nueva regulación, un factor clave relacionado con el proceso de privatización de AENA.
