En el listado de receptores de las subvenciones públicas de las distintas Administraciones Públicas (Estado, autonomías y ayuntamientos así como de sus entes) que ha confeccionado el Ministerio de Hacienda con datos actualizados en 2023, aparecen todo tipo de organizaciones, entes, empresas de tipo y tamaño, asociaciones, organizaciones empresariales y sindicales, así como los partidos políticos. A los que hay que añadir: sociedades civiles, parroquias, clubs de futbol y de cualquier actividad deportiva y sus federaciones, así como universidades, centros de enseñanza, fundaciones de todo pelaje, ministerios y organizaciones de otros países, y hasta comunidades de propietarios, diputaciones, colegios profesionales, reales academias y consejos reguladores. Aunque no están todos los que reciben estas ayudas, porque las Administraciones no facilitan la totalidad de sus aportaciones , y en este listado sólo aparecen los beneficiarios que obtienen más de 100.000 euros, el reparto supone la friolera de más de 200.000 millones que se otorgan anualmente de forma recurrente sin que ningún Gobierno o partido realice el correspondiente ajuste a este agujero de gasto superfluo en muchos casos o que al menos emprenda algún tipo de reforma que tenga en cuenta el grado de eficiencia de este “manguerazo” de dinero para la economía, que no se sabe por qué se otorga, para qué sirve y si efectivamente se destina para los fines pretendidos. Y en esta relación (ver anteriores artículos) también aparecen más de medio centenar de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Se trata de unas organizaciones, entidades de derecho público que nacieron oficialmente en España hace casi 140 años y cuya configuración carece de sentido en los tiempos actuales. Tienen implantación tanto nacional, como regional, provincial o local y su función es más representativa que efectiva, ya que los sectores que abarcan están en permanente involución y colapso, ya que, por ejemplo, la industria sólo representa el 14% del PIB mientras que el comercio, con la casi extinción de las pymes y la invasión de la modalidad electrónica, se queda en el 12% frente a la ocupación mayoritaria de la economía del sector público y del turismo y la hostelería.
En la actualidad hay 84 Cámaras en los distintos ámbitos territoriales, a las que hay que sumar otras 44 en el exterior solapadas con el desempeño de los consulados oficiales. En el Listado de Grandes Beneficiarios de ayudas sólo figuran 56 (incluidos los consejos generales o los regionales) que en muchos casos cuesta identificarlas porque sólo consta la cantidad que perciben y su CIF y en muchos casos la denominación es incompleta. Este grupo recibe más de 50 millones de las Administraciones.
En el reparto de estas ayudas no hay correlación con el nivel de representación económica y ni siquiera empresarial. Es decir, parecen otorgarse al libre albedrío sin pretender objetivo alguno que justifique esta partida de gasto público. El Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana lidera el ranking de perceptores de subvenciones con 3,7 millones. Le sigue la Cámara Oficial de Ceuta (3,3 millones) y la de España, radicada en Madrid (3,2 millones) y una cifra idéntica (también 3,2 millones) percibe el Consejo de Cámaras de Valladolid. La lista de quienes reciben por encima del millón de euros es larga. Por ejemplo, la de Ciudad Real obtiene 2,7 millones; las de Valencia y de Gran Canarias superan cada una los 2,4 millones; la de Zaragoza se sitúa en 2,3 millones; la de Cádiz alcanza 2,1 millones; la de Cantabria consigue 1,6 millones; las de Alicante y Barcelona acumulan 1,5 millones individualmente; el Consejo General de Cataluña se apunta 1,4 millones y lo mismo consiguen las Cámaras de Oviedo y Santa Cruz de Tenerife; el Consejo de Valladolid supera los 1,2 millones; y las Cámaras de Madrid y Teruel superan los 1,1 millones. Por debajo, entre 300.000 euros y un millón, se encuentran las Cámaras de Huesca, Logroño, Mallorca, Lanzarote, Avilés, Tarrasa, León, Reus, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Fuerteventura, Castellón, Ibiza, Torrelavega, Málaga, Huelva y, por ejemplo, el Consejo de Cámaras de Andalucía. Y, entre 100.000 euros y 300.000 aparecen algunas locales como la de Valls (Tarragona), Andújar (Jaén), Lorca (Murcia), Astorga (León) o la del Campo de Gibraltar, a las que hay que añadir algunas más importantes como las de Santiago de Compostela, Córdoba, Granada, Lérida o Navarra.
Las Cámaras, ancladas en otra época, se encuentran ahora relegadas a un segundo plano, ya que la representación empresarial la ostenta organizaciones empresariales como la CEOE o Cepyme y un amplio ‘puzzle’ de patronales, federaciones y asociaciones de todo tipo y sector. El Gobierno apenas cuenta con su participación y colaboración salvo para actos institucionales. Según consta en sus publicaciones, están formadas por empresarios, dueños de pequeños, medianos y grandes comercios con el fin de “aumentar su productividad” entre otros fines.
En realidad, a pesar de la larga historia de estas organizaciones, los sectores que representan viven una convulsa época que cuestiona su utilidad y también la concesión de subvenciones públicas. La primera asociación formal de comerciantes que se conoce es de 1433 en la Universidad de Mercaderes de Burgos. En 1543 se creó la primera cámara de comercio o similar por el consulado de Cargadores a Indias en Sevilla. Y oficialmente en 1886 se produjo su nacimiento oficial con el registro de la primera regulación jurídica como forma de representación de los intereses generales de las empresas. Vinieron a sustituir a las disueltas organizaciones gremiales, ya que los gobiernos buscaban organizaciones profesionales que colaborasen en el fomento del comercio, la industria y la riqueza. Tuvieron su auge durante muchos años por la obligatoriedad de adscripción, y del pago de cuotas, de las empresas o de las personas que ejercieran una actividad comercial. Pero, desde 2011 se suprimió esa obligación de pago y el recurso cameral permanente dejó de existir. Desde entonces, las Cámaras apenas tienen presencia. En la actualidad, se financian con las aportaciones voluntarias de empresarios y el cobro de los servicios prestados, de los que apenas se conoce su trascendencia salvo la de asesoría, y también de las subvenciones públicas. Por si había dudas de su escaso papel, el Gobierno del PP modificó en 2014 la ley anterior que las regulaba de 1993 confirmando que se trata de corporaciones que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones cuando se les requiera. Es decir, prácticamente han quedado supeditadas a las órdenes del Gobierno de turno. Entre sus escasas funciones aparecen: expedir certificados de tráfico mercantil; recopilar las costumbres y prácticas de los usos de los negocios así como emitir certificaciones de su existencia; gestionar un censo público, con la colaboración de la Agencia Tributaria, de todas las empresas; actuar de ventanillas únicas a las empresas cuando se lo requieran las Administraciones, así como elaborar estadísticas y cooperar en la organización de ferias y exposiciones. Como ocurre con la inflación de organismos y entidades existentes en este país sin que se sepa cuál es su función real en la actualidad, las actividades de las Cámaras se solapan con otras que se supone deben prestar las Administraciones y otras organizaciones. Todo esto convierte a estas subvenciones otorgadas, y a muchas otras, en una partida de gasto público superfluo que nadie se atreve a revisar o en todo caso suprimir.
