La amnistía fiscal recaudará más dinero de lo que se temía en las últimas semanas. Poco después de las vacaciones de verano, la pírrica cifra de 51 millones de euros anunciada provocó casi carcajadas y se dio por fracasada esa iniciativa. Pero consultados tres despachos relevantes y también fuentes cercanas al fisco, confirman que “en las últimas semanas ha tenido lugar un hervidero de consultas por parte de bancos internacionales, sobre todo suizos y andorranos, que quieren que sus clientes regularicen su situación, ya que cuentan con las pertinentes garantías jurídicas”. Las fuentes indican que la cifra final mejorará sensiblemente los 51 millones declarados hasta la fecha. Las aclaraciones de Tributos, las garantías a los que regularicen y Mario Draghi son los responsables.
No será sencillo que se alcancen los 2.500 millones presupuestados, pero es posible que la desviación no sea grande y, desde luego, las fuentes pronostican un importe muy por encima de esos 51 millones. Hay muchos clientes que precisan su capital de vuelta con urgencia y, aunque todavía no han efectuado la transferencia, tienen ultimada la operación. Los acontecimientos, además, lo corroboran.
De momento, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del PSOE contra la medida, tal como se conoció el pasado día 19. La institución señala que el partido no está legitimado para pedir la suspensión cautelar de una orden ministerial. En Hacienda nunca temieron que eso prosperara.
Además, la Dirección General de Tributos contestó recientemente a dos cuestiones los pasados 27 de junio y 11 de octubre, estableciendo unos criterios que son vinculantes sobre cuestiones como el dinero en efectivo, la herencia de bienes o la valoración de inmuebles. Aclaraciones solicitadas por los abogados antes de continuar.
No prescribirá después
Por otro lado, una vez vencido el periodo para acogerse a la regularización voluntaria, se establece la imprescriptibilidad del delito, es decir, a los infractores ya no les caducará la ausencia de declaración al fisco pasados cuatro años. El que no pague antes del 30 de noviembre tendrá más problemas que nunca.
La Agencia Tributaria redoblará esfuerzos contra los defraudadores una vez finalizado el periodo de la amnistía. “Se endurecerán las medidas contra quien se descubra evadiendo impuestos después de la amnistía. Más de lo que puedan imaginar los defraudadores”, dicen fuentes cercanas a Hacienda.
Las aclaraciones y las garantías de seguridad jurídica que ya se han explicado oficiosamente a varios despachos, que quedarán plasmadas en la próxima reforma del código penal, están abonando el terreno. Aun no hay un borrador sobre las garantías, pero ya se ha facilitado la información necesaria a los asesores para que ningún cliente deje de regularizar por temores.
Mario Draghi ha eliminado también otro de los factores de riesgo. Los despachos legales confirman que en ningún caso habría sido probable un proceso de regularización masiva inmediata, pero además, se disparó el riesgo de que España saliera del euro poco tiempo después del la medida, el pasado 30 de marzo. Por ello, casi nadie movió dinero con rapidez. Pero el escenario ha cambiado.
Gran parte de los evasores tiene su capital en divisas como el franco suizo y la opción de repatriarlo a España cuando existía riesgo real de salida de la moneda única y la inevitable devaluación era un obstáculo insalvables para la regularización. El compromiso del presidente del Banco Central Europeo (BCE) con la defensa a ultranza sobre la unidad de la moneda única ha sido un alivio para los bancos de inversión.
Suizos y andorranos en España
A este respecto, conviene analizar el proceso que ha tenido lugar en los dos últimos años en España, con una gran expansión de firmas de banca privada andorranas y suizas abriendo oficinas e incluso comprando pequeñas entidades españolas.
Los expertos del sector señalan que estos operadores no vienen con el objetivo de arañar clientela a los demás, especialmente ahora que la crisis hace que la banca privada sea un mercado muy complicado. Estas firmas andorranas y suizas se extienden en España para dar servicio a sus clientes españoles en origen.
De hecho, el origen de la amnistía cabe situarlo en la necesidad de recuperar capital de muchos inversores en estos bancos, asfixiados por la recesión. Las entidades financieras, a su vez, llamaron a los grandes despachos de abogados, que han presionado al Gobierno con un argumento sencillo: “vosotros necesitáis incrementar los ingresos y nosotros tenemos dinero”. La respuesta estaba clara.
