El Gobierno ha arrancado el año incumpliendo uno de sus principales compromisos con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): tener cerrada la segunda parte de la reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre. El Gobierno se escuda en que otro de estos compromisos, la reforma del sistema de cotización de los autónomos, ya se retrasó cerca de un mes, lo que sienta un precedente con Bruselas.
Al ser preguntado por este asunto reiteradamente en la rueda de prensa de este martes con motivo de la presentación de los datos de afiliación y paro, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha reconocido la importancia de los plazos, pero también ha evitado marcar una fecha en el calendario y se ha limitado a asegurar que el Gobierno está trabajando para que el acuerdo vea la luz "lo antes posible".
De esta forma, el secretario de Estado de Seguridad Social ha defendido que “lo relevante” es que la reforma “llegue a buen puerto”. Fuentes sindicales informan a este periódico que todavía no les han convocado a una nueva reunión. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quitó hierro al incumplimiento de este compromiso el pasado martes, durante su comparecencia en Moncloa para hacer balance del año, asegurando que no supondrá "ningún problema" de cara al desbloqueo de los fondos europeos que España aún tiene pendiente recibir.
En un artículo publicado el pasado jueves, el Banco de España (BdE) desdice al presidente y recuerda que si bien algunas medidas "permanecen en discusión", tales como la modificación del período de cálculo de la base reguladora o el aumento de la base máxima de cotización acompañada de una adaptación de la pensión máxima; "el compromiso adquirido en las disposiciones operativas del PRTR fija el cuarto trimestre de 2022 para terminar la reforma de las pensiones, momento en el que deberán publicarse proyecciones del sistema que muestren que los cambios introducidos garantizan su sostenibilidad a largo plazo".
La segunda parte de la reforma
La segunda y última parte de esta reforma es clave, pues debe compensar el importante incremento en el gasto que supondrá la primera, con la indexación de las pensiones a la subida media de los precios en el año previo, que con la inflación de 2022 implicará una revalorización del 8,5% este 2023. En este sentido, Bruselas marcó el 31 de diciembre como fecha límite para cerrar la reforma y, posteriormente, recibir formalmente la propuesta que haga sostenible el sistema.
El objetivo del Gobierno era cumplir este objetivo y aprobar el último bloque de medidas (que se suman a las ya aprobadas este año, como un nuevo sistema de cotización para los autónomos y la reforma para impulsar los planes de pensiones de empleo) antes del 31 de diciembre. Sin embargo, las medidas pendientes (subida de bases y pensiones máximas y adecuación del periodo de cómputo) generan diferencias tanto con los agentes sociales (patronal y sindicatos) como entre los propios socios de Gobierno, especialmente en el periodo de cálculo que debe tomarse para calcular la pensión.
En todo caso, el análisis de la Comisión, en el que determinará si la reforma es o no satisfactoria, llegará más tarde. Tal y como han informado fuentes comunitarias en varias ocasiones durante los últimos meses, procederán a evaluarla ya en el primer semestre de 2023, cuando el Ejecutivo solicite en cuarto desembolso de los fondos UE. El pasado mes de noviembre España solicitó el tercero, por 6.000 millones, al que Bruselas aún no ha dado 'luz verde'. Por mutuo acuerdo, y teniendo en cuenta que la Navidad está entre medias, ambas partes pactaron prorrogar el plazo un mes, permitiendo a la Comisión evaluar el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados para ese tramo ya en enero.
