El Ayuntamiento de Madrid ha acabado con la paciencia de la Justicia en lo que materia de Urbanismo se refiere. Así se deduce de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de mayo en el que los jueces responsabilizan personalmente a la alcaldesa, Ana Botella, de hacer ejecutar una sentencia firme del año 2004 que el Consistorio aun no ha aplicado. El auto daba un plazo de dos meses para llevarlo a cabo, transcurridos los cuales sin novedad ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El proceso se refiere a una serie de edificaciones en la exclusiva zona de Valdemarín, en la zona noroeste de Madrid. En contra de lo que indicaba el planeamiento original, que reservaba el terreno a la construcción de viviendas unifamiliares, comenzaron a levantarse bloques de apartamentos turísticos, lo que originó la presentación de diversas denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por parte de los vecinos.
Una de ellas, presentada por un vecino de la Comunidad de Propietarios Valdemarín 42, obtuvo sentencia firme en febrero de 2004, una resolución judicial que instaba al Ayuntamiento de Madrid a declarar ilegales una serie de obras realizadas en dicha comunidad.
Pero a pesar de esta sentencia y de numerosos autos de ejecución dictados por los tribunales, el Consistorio madrileño ha hecho siempre oídos sordos.
De esta forma, el pasado mes de abril el denunciante presentó ante el TSJM un escrito en el que solicitaba directamente el desalojo de las viviendas afectadas por la sentencia de 2004. El Tribunal respondió en apenas quince días con un auto en el que se considera que no ha lugar el desalojo pero en el que muestra el hartazgo de los jueces ante el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid lleve nueve años sin ejecutar una sentencia firme.
Multa personal coercitiva
De este modo, el TSJM decidió que, a partir de ahora, la alcaldesa en persona sea la que se responsabilice de este asunto. Así, ha sido la propia Ana Botella la denunciada ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y también la que deberá asumir, en persona, la multa coercitiva de 300 euros por cada mes que transcurra sin que la sentencia sea ejecutada.
Como el auto fue emitido en mayo y daba dos meses de plazo para llevar a cabo esta ejecución, Botella acumula ya tres meses de sanción, es decir, 900 euros de multa.
Esta es sólo una de las múltiples denuncias presentadas contra las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en Valdemarín, una exclusiva urbanización en la que llegó a tener una vivienda el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente y actual consejera del Banco Santander y dos hijas de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados y de la Junta de Castilla-La Mancha.
El conflicto comenzó a mediados de los años 90 cuando en el desarrollo de la zona conocida como los Valdemarines (Valdemarín Este y Valdemarín Oeste) comenzaron a convivir dos normas urbanísticas: la original prevista en el Plan Urbanistico de 1985, de chalets unifamiliares con amplias parcelas, y la denominada ordenanza colectiva de baja densidad (pequeños bloques de viviendas y apartamentos turísticos).
La zona comenzó a poblarse de bloques de este tipo que no estaban previstos en el planeamiento, lo que motivó el enfado de los primeros vecinos que se trasladaron a vivir allí y que adquirieron las propiedades bajo el supuesto de que sólo se construirían viviendas unifamiliares.
Más de 2.000 viviendas en el aire
Las demandas no se hicieron esperar. Ya en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conminó al Ayuntamiento de Madrid a que reconociera para la zona de Valdemarín un régimen urbanístico homogéneo. Es decir, que hubiera sólo chalets o sólo apartamentos.
Ahora, los demandantes esperan sentencias firmes u órdenes de ejecuciones que pueden suponer la declaración de ilegales para algo más de 2.000 viviendas en la zona, unos pisos cuyo valor medio se sitúa en el entorno de los 800.000 euros.
NOTA DE LA REDACCIÓN
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid considera necesario aclarar que la información aparecida en Vozpópuli bajo el titular "El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica" no se ajusta en absoluto a la realidad, toda vez que no se ha producido traslado alguno al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito imputable a autoridad alguna o funcionario alguno del Ayuntamiento de Madrid por la causa referida en la noticia del citado medio de comunicación. El auto al que hace alusión la noticia no contiene imposición de sanción al Ayuntamiento, sólo incluye un apercibimiento de imponer, tal como establece la Ley, multas coercitivas, así como poner en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal si no se cumple el requerimiento efectuado. A día de hoy, el Ayuntamiento ha contestado dicho requerimiento y está pendiente de decisión por la Sala el modo de cumplimiento de la sentencia.
