La política energética del Gobierno pasará un exhaustivo examen por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. España ha sido uno de los cuatro países miembros seleccionado para el documento que prepara la institución con sede en Luxemburgo con el fin de analizar el diseño y la ejecución de las estrategias nacionales en referencia a la generación de energía en algunas fuentes renovables, concretamente el viento y el sol. La auditoría, que estará terminada a comienzos del próximo año, prestará especial atención en un aspecto en el que el Gobierno español no saldrá precisamente bien parado: el de la estabilidad normativa.
En concreto, el trabajo del Tribunal de Cuentas tendrá en consideración la existencia de incertidumbre legal en materia de regulación energética en los países que analizará (además de España, Alemania, Grecia y Polonia). El organismo comunitario tratará de detectar "si persiste la incertidumbre legal debido a frecuentes cambios regulatorios y/o con efecto retroactivo, lo que afecta al clima de inversión".
En este sentido, será complicado que España salga bien parada del análisis del Tribunal de Cuentas. El Estado acumula más de una treintena de denuncias ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y otras instancias similares por los cambios normativos que introdujo en el régimen de primas a las renovables. Por el momento, ya han sido dos los fallos contrarios a los intereses del país.
La auditoría también pretende determinar si la estrategia llevada a cabo por los países está fomentando la generación de energía a través de las tecnologías eólica y solar. Asimismo, el estudio determinará si los esquemas de financiación son flexibles para afrontar los cambios de las condiciones de mercado con el fin de prevenir los subsidios excesivos o el incremento del riesgo para los inversores.
Cerca de los objetivos
En este punto, los últimos recortes de las retribuciones del sistema anunciados en sede parlamentaria por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, están en parte relacionados precisamente con la prevención de sobresubsidios, en especial en lo referido a las actividades en el mercado de la electricidad.
El documento previo del Tribunal incluye a España entre el nutrido grupo de países (25 de los 28 que conforman la Unión Europea) que están en el buen camino para cumplir con sus objetivos medioambientales marcados para 2020. En el caso español, esta meta está fijada en alcanzar el 20% del consumo total de electricidad a través de fuentes renovables.
Los últimos datos del Ministerio de Energía señalan que la potencia instalada con tecnología renovable se encontrará muy próxima al 20% contando con las últimas subastas llevadas a cabo. Países con objetivos mucho más ambiciosos como Suecia (por encima del 50%) ya están por encima de él a estas alturas. Mientras, otros con cifras inferiores a las establecidas para España, como los casos de Francia, Holanda y Luxemburgo, están alejados de ellas y será muy complicado que lleguen a ellas.
El Tribunal de Cuentas hace hincapié en el hecho de que la Unión Europea ha liderado desde comienzos de siglo la lucha contra el cambio climático y a favor de la descarbonización de la economía pero que, en los últimos años, se ha visto superada en este sentido por los países asiáticos, especialmente China y Japón.
