El coste final del rescate de las autopistas de peaje en quiebra sigue siendo la gran incógnita de este polémico proceso pese a que ya ha transcurrido más de un año desde que el Estado asumió el control de prácticamente todas las concesiones. Pese a que teóricamente el Ejecutivo disponía de seis meses para proceder al cálculo de la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), a día de hoy no hay noticias sobre el proceso, lo que está empezando a impacientar a los directamente afectados, accionistas y, sobre todo, acreedores de las concesiones; la mayoría de estos últimos son fondos oportunistas.
En febrero de 2018, las concesiones de última generación inmersas en concursos de acreedores comenzaron a ser asumidas por el Estado, según el plan diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que culminaría con un proceso para volver a licitarlas en el mercado. Un mes después, prácticamente todas las concesiones ya estaban bajo el control de la sociedad pública Seittsa a excepción de la AP-41 (Madrid-Toledo), cuya reversión se ha culminado ya en 2019.
Por entonces, el Gobierno informó de que disponía de un plazo de seis meses para llevar a cabo el cálculo de la RPA, que determinaría el coste efectivo del rescate. Se trata de la compensación por parte del Estado que contempla de la Ley (que data de 1972) en los casos de reversión anticipada por el hecho de asumir activos cuyo coste corrió por completo a cargo de los concesionarios.
El Ejecutivo advirtió ya entonces de que se trataba de un cálculo complejo, por lo que lo más seguro es que agotaría los plazos; y también, que existía una elevada probabilidad de que el proceso acabara en los tribunales, toda vez que sus estimaciones estaban muy alejadas de las cantidades que estaban reclamando los fondos acreedores de las concesiones, con los que el Ministerio de Fomento que dirigió Íñigo de la Serna trató de llegar a un acuerdo, aunque en vano dadas las diferencias existentes.
Cambio de planes
El cambio de manos del Gobierno con motivo de la moción de censura y la modificación de la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo de Rajoy terminó de ralentizar un proceso que se prolonga ya durante 14 meses, lo que está provocando la impaciencia de los fondos acreedores.
Tanto el anterior Gobierno como el actual consideran que la RPA no se irá en ningún caso por encima de los 3.000 millones de euros. Mientras, los acreedores y accionistas de las concesionarias estiman que la compensación debería situarse en algo más de 4.000 millones.
Toda una patata caliente que el Ejecutivo ha ido esquivando en los últimos meses pero que no podrá eludir eternamente. Una bomba que estallará en las manos del Gobierno que salga de las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Actualmente, los planes pasan por que el Estado asuma el control de las concesiones durante cuatro años, en los que promulgará medidas para recuperar los tráficos y tratar de hacer rentables los activos. La estrategia inicial contemplaba ingresar hasta 1.000 millones de euros por volver a sacar al mercado las concesiones, lo que podría paliar parte del coste del rescate. Una cifra que los técnicos de Fomento pusieron en duda casi desde el primer momento.
