El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prevé que el déficit público de la Seguridad Social cierre este año en el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone un desfase presupuestario de unos 24.000 millones de euros.
Escrivá ha reconocido que inicialmente el desfase de la Seguridad Social iba a ser muy superior en este ejercicio, como publicó Vozpópuli, pero la transferencia extraordinaria que ha hecho el Estado al sistema de 14.500 millones de euros (un 1,3% del PIB), permitirá afrontar algunos de los gastos extraordinarios en los que ha tenido que incurrir el sistema y dejar el déficit en el 2%.
El ministro ha explicado que este dinero se destinará a financiar la exoneración de cotizaciones sociales de las empresas con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de aquí a fin de año, al pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, a los gastos de bajas por Incapacidad Temporal por covid-19 (ya sea por enfermedad o cuarentena) y al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Escrivá proyecta que durante los próximos tres años el gasto en prestaciones de la Seguridad Social seguirá aumentando hasta el nivel de los 186.000 millones aproximadamente, debido principalmente al envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del babyboom; pero cree que también aumenten los ingresos (por la mejora del empleo), lo que permitirá mantener el déficit de la Seguridad Social entorno al 1,4% del PIB.
El déficit se mantendrá en el 1,4% en 2023
Esto supone que en 2023 -en caso de que el sistema no haga ninguna reforma- el Estado tendrá que asumir un déficit público, como mínimo, del 1,4% del PIB, a lo que habrá que sumar el déficit del resto de administraciones: la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
El ministro ha hecho este diagnostico durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, ante la que ha pedido que sus integrantes alcancen un acuerdo para emitir recomendaciones a partir de las cuales el Ejecutivo pueda legislar para reformar el sistema.
En su opinión, estas recomendaciones deben garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, proponer una separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal y desarrollar sistemas de prevención social complementarios.
Llegar a un acuerdo es vital, ha apuntado, para lanzar certidumbre sobre el sistema de pensiones. "El porcentaje de personas están preocupadas por el sistema de Seguridad Social y la falta de certidumbre en torno al mismo es elevadísimo", ha lamentado, algo que ha podido constatar el ministerio con una encuesta que ha elaborado.
