Aunque el grupo ACS recibió una indemnización, vía Real Decreto, de 1.350 millones de euros por la paralización del almacén de gas Castor, la multinacional española todavía afronta procesos judiciales y reclamaciones económicas que podrían dar un vuelco a esa reparación indemnizatoria.
Florentino Pérez ha reaccionado tomando las medidas legales oportunas para tratar de aminorar el golpe.
El pasado mes de julio el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs decretó la apertura de juicio por un "delito contra el medio ambiente" contra Escal UGS SL como persona jurídica -la sociedad adjudicataria del proyecto, controlada por ACS-; a dos de sus altos cargos; y también contra Chartis Europe, Lloyds y Zurich Insurance como "responsables civiles directos/subsidiarios".
Competencia reclama a ACS el pago de 209,7 millones por liquidaciones pendientes del almacén de gas Castor
En octubre del pasado año el juez de Vinaròs, Javier Verdeguer, procesó a los dos directivos y a Escal UGS por inyectar gas en el almacén marino construido frente a la costa mediterránea pese a ser conscientes "de la potencial peligrosidad sísmica que podía acarrear" (se detectaron cientos de microseísmos en la zona vinculados a las obras del Castor).
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige a Escal el pago de 209,7 millones de euros tras declarar, en julio de 2019, la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones de 2014, 2016 y 2017, en lo relativo al reconocimiento a Escal de los importes en concepto de retribución financiera establecida en el artículo 4.3 del Real Decreto-ley 13/2014.
Concurso y desconsolidación
Contra estas dos amenazas, la del juicio de Vinaròs y la reclamación de Competencia, Florentino Pérez ha reaccionado recurriendo al Supremo y llevando a concurso de acreedores y desconsolidando del grupo a la empresa Escal.
ACS llevó a concurso de acreedores a Escal en septiembre de 2019, y ha desconsolidado de sus cuentas a la sociedad encargada del Castor
A finales de octubre de 2019 el Gobierno decidió desmantelar la instalación del Castor, lo que dejaba a la empresa controlada por ACS sin la posibilidad de acudir a los principales argumentos para su defensa en el proceso abierto en el juzgado de Vinaròs.
La única prueba fehaciente de la ausencia de negligencia por parte de la empresa sería volver a inyectar gas al almacén y demostrar que los movimientos sísmicos no podían preverse. Pero la decisión del Gobierno de desmantelar el almacén de gas impediría esa prueba que quisiera llevar a cabo ACS.
Ante esto, Florentino Pérez reaccionó el pasado mes de diciembre presentando recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el cierre del Castor.
En cuanto a Escal, participada por ACS Servicios, Comunicaciones y Energía en un 66%, el grupo la declaró en concurso de acreedores, en septiembre del pasado año. Además, ha desconsolidado de sus cuentas a la sociedad.
En información sobre los resultados de la división ACS Servicios, Comunicaciones y Energía publicados el pasado mes de mayo por la compañía en la Bolsa de Dublín -el grupo tiene registrado ahí un programa de renta fija por valor de 1.500 millones de euros-, a la que ha accedido este diario, la empresa informa que los administradores "consideran que las condiciones establecidas como requeridas en el marco informativo para considerar que Escal UGS, S.L. fue controlado por el Grupo ACS no se cumplen".
Por tanto, sostiene la compañía española en esa información publicada en la capital irlandesa, "dicha sociedad dependiente deja de consolidarse en los Estados Financieros Consolidados de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019".
"En consecuencia", termina diciendo, los consejeros del grupo "estiman que la resolución de los referidos procedimientos [las reclamaciones de Competencia de 209 millones] no tendrá un efecto adverso significativo en la Estados Financieros Consolidados del Grupo".
