La Fundación de Economía Aplicada (Fedea) carga contra los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas por su "arbitrariedad", lo que denuncia que atenta contra el principio constitucional de igualdad, con mal encaje en el Estado de Derecho. Así lo hecho este martes en la presentación de un boletín sobre la situación económica, en el que también ha recomendado que el Gobierno elimine las rebajas fiscales a la electricidad y reduzca las del transporte por no dirigirse a los más necesitados, ser ineficaces, muy costosas y fomentar el consumo energético.
Las mayores críticas de Fedea se han dirigido contra los nuevos impuestos, que cree mal diseñados, con fines electroales y que afrontan un aluvión de pleitos, con lo que han "superado las peores expectativas". Pero lo que más le preocupa es la arbitrariedad: "El texto renuncia incluso a ligar los nuevos gravámenes con la cuantía de los supuestos beneficios extraordinarios que en principio los justifican, convirtiéndolos así en exacciones claramente arbitrarias desde cualquier perspectiva que tienen muy mal encaje en un Estado de Derecho", destaca.
Si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado y supera los seguros recursos judiciales a los que dará lugar, advierte el informe, "se sentará un precedente muy preocupante que permitirá a cualquier futura mayoría de gobierno asignar a dedo a sectores (o incluso agentes) específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa, dejando en papel mojado en el ámbito fiscal los principios constitucionales de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad".
Para evitar una larga disputa legal y la "posibilidad de males mayores", Fedea recomienda retirar la propuesta actual y tramitar un nuevo texto. Este debería adecuarse a lo establecido en la reciente propuesta de reglamento europeo sobre el tema, en la que el gravamen extraordinario se restringe a ciertas empresas energéticas y se liga a los beneficios extraordinarios realmente obtenidos por las mismas, en vez de calcularse como un porcentaje de sus ingresos totales.
Esta Fundación advierte de que también plantea problemas legales y políticos el anunciado impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, "cuya introducción parece estar motivada fundamentalmente por el deseo de imponer a ciertas comunidades autónomas las preferencias tributarias del actual Gobierno central". Considera que "el nuevo tributo limita por la puerta de atrás la capacidad de las comunidades autónomas de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de inconstitucionalidad, o de nulidad por invasión de competencias".
Además de recurrir el impuesto, algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales. "Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre Administraciones que no beneficiaría a nadie", avisa.
Por otra parte, la rebaja del IRPF para las rentas bajas "va en principio en la dirección correcta pues ayuda a sostener las rentas de los hogares más vulnerables sin debilitar las señales de precios que incentivarían los ajustes que exige la nueva situación energética". La forma elegida para instrumentar la rebaja, sin embargo, avisa Fedea "es claramente mejorable" por haberse optado por actuar a través de la reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo, incrementando su cuantía y elevando el umbral para su desaparición. "Se potencia así un beneficio fiscal de muy cuestionable diseño que eleva el tipo marginal efectivo de gravamen hasta el 60% para un tramo de renta en torno a los 20.000 euros, lo que no parece muy lógico", alerta.
El informe concluye que las últimas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno se incluyen algunas disposiciones "poco meditadas, técnica y legalmente problemáticas, con una fuerte carga ideológica y clara motivación electoral".
Eliminar ayudas generalizadas
Respecto a las ayudas por la guerra de Ucrania, Fedea espera que el proceso de reflexión en el que está el Gobierno de cara a su prórroga en enero, se traduzca en una "reasignación de recursos hacia políticas más eficientes y equitativas, primando el sostenimiento de las rentas de los más afectados frente a las subvenciones al consumo energético, especialmente las de carácter universal. Estas últimas deberían eliminarse por su elevado coste y sus negativos efectos de incentivación del consumo mediante una reducción artificial de los precios que no resuelve el problema subyacente".
Convendría reconsiderar también la gratuidad total de ciertos transportes públicos, apunta, aunque manteniendo niveles elevados de subvención, e introducir en las ayudas selectivas cláusulas que incentiven el ahorro energético, en línea con lo que se ha hecho en la nueva tarifa de último recurso de gas natural para las calderas comunitarias, en la que el descuento se limita a un consumo no superior a la media de los últimos cinco años, estableciéndose un recargo del 25% por encima de ese nivel.
El margen disponible para la reorientación de las medidas paliativas ante la inflación es para Fedea "muy considerable". Según nuestros cálculos, las rebajas de los impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022. Esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables. Como referencia, detalla que en 2021 había en nuestro país casi 9 millones de hogares con ingresos netos regulares por debajo de 2.000 euros mensuales, cuyo gasto total en comida y energía ascendió a unos 55.000 millones de euros. El ahorro derivado de la eliminación de las ayudas no selectivas a la energía permitiría enviar a cada una de estas familias un cheque por un importe de 1.889 euros, lo que supondría un 31% de su gasto medio en comida y energía.
Wesly
Al gobierno de Pedro Sánchez le importa un pepino lo que diga la Constitución. El artículo 9 exige seguridad jurídica y prohíbe la arbitrariedad, pero Pedro Sánchez pasa olímpicamente de estas minucias. Su obsesión es captar votos sin límite y sin freno legal ni moral alguno. Se dedica a criminalizar a los "ricos", cosa que considera que da muchos votos, a riesgo de que estos "ricos" (que son los que crean la riqueza y el empleo productivo) se harten de tanto expolio y criminalización, y se marchen por ejemplo a Portugal, donde un gobierno de izquierdas les trataría mucho mejor.