Iberdrola, Naturgy y Endesa decidieron revisar el suministro de electricidad a un precio fijo con las grandes empresas tras el decreto de urgencia del Gobierno. Una situación que sorprendió a la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Según desvelan fuentes del Gobierno a Vozpópuli, Ribera contactó con las principales asociaciones empresariales, principalmente con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para confirmar la existencia de estos contratos fijos a largo plazo entre eléctricas y empresas con los que amenazaban romper tras su decreto.
Un asunto clave en las negociaciones que han mantenido la última semana Teresa Ribera y los ejecutivos de las grandes eléctricas de este país. En ellas, las eléctricas exigían al Gobierno que dejase fuera de su 'hachazo' a los contratos a largo plazo con precio fijo que habían firmado con sus clientes más relevantes. Algo que no convenció a Teresa Ribera y que le empujó, como insisten las mismas fuentes, a consultar con las principales asociaciones empresariales para ver si se trataba de un 'farol'.
CEOE y el resto de asociaciones explicaron a Ribera que, tras su decreto, muchas empresas iban a verse obligadas a frenar su actividad y parar producción con esta decisión de las eléctricas. Los representantes de estas asociaciones pidieron a la ministra, al igual que las eléctricas, que estos contratos bilaterales fijos ya firmados, y que no estén indexados al precio del mercado, quedara constancia que no se veían afectados por su medida.
Ruptura de contratos
Estos representantes de las empresas ya sabían que las eléctricas estaban moviéndose para romper sus contratos energéticos. La medida convertía estos acuerdos en un castigo para la cuenta de resultados de los proveedores de electricidad. Endesa decidió revisar con los grandes clientes " aquellos contratos de precio fijo estén cubiertos por las plantas afectadas por la nueva legislación" porque considera que tenían acordado un precio del suministro que se queda desvirtualizado con las medidas del Gobierno.
Iberdrola fue más allá. La energética que preside Ignacio Sánchez Galán comunicó mediante una carta a sus clientes industriales un severo cambio de sus tarifas. Su misiva apuntaba que se estimaba que el nuevo coste regulado representará más de 70 euros/megavatio-hora. "En el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los jueces y tribunales, se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda", detallaba su carta.
Ribera ha tenido que recular
Los envites públicos de las eléctricas, las consultas de Teresa Ribera y las reuniones entre ambas partes han provocado que estos contratos fijos se vean exentos del decreto ley. La ministra explicó en el Congreso durante la convalidación del pasado jueves, que ya que estos acuerdos "no se veían beneficiados de los altos precios del gas", buscarán las medidas para sacarlos de la minoración de los beneficios.
Ribera señaló que su objetivo no es aplicar este recorte a "quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria". Por lo tanto, su decreto final aplica a la hidráulica, a la nuclear y a algunas renovables que van a mercado, mediante una fórmula que detrae a dicha producción los ingresos extra que reciben cuando el gas marca el precio marginal del mercado mayorista a partir de 20 euros MWh. La medida afecta esencialmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy.
