El Tribunal de Cuentas ha pedido al Gobierno que cuando tenga que financiar a la Seguridad Social, como ha ocurrido este año y los anteriores porque ésta no tiene ingresos suficientes (que proceden sobre todo de cotizaciones sociales) para afrontar sus gastos (el primordial es el pago de pensiones), que lo haga por medio de transferencias corrientes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en vez de hacerlo con préstamos.
La diferencia entre una y otra forma de financiación está en quién se computa esa deuda. Si el Estado financia a la Seguridad Social con un préstamo, como ha hecho siempre hasta ahora, ese préstamo deberá ser amortizado (devuelto) en el futuro y engorda el déficit de la Seguridad Social, mientras que si lo hace por medio de una transferencia corriente computa en el déficit del Estado.
La Seguridad Social se suma a esta petición del Tribunal de Cuentas, recogida en su informe "Declaración Cuenta General del Estado", en el que analiza la situación de las cuentas de las administraciones públicas.
"Esta Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) comparte el criterio del Tribunal de Cuentas en el sentido de que las soluciones adoptadas (vía concesión de préstamos) no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural que adolece el sistema y que lo recomendable sería que la vía de financiación de la Seguridad Social por parte del Estado proceda de transferencias corrientes y no de nuevos préstamos", reconoce Javier Aibar Bernard, director general de la TGSS, en las alegaciones presentadas a ese Tribunal.
Fuentes del Ministerio de Trabajo en funciones reconocen a Vozpópuli que aunque la Seguridad Social esté de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, y con otros organismos independientes que también se han manifestado en este sentido, es el futuro Gobierno el que tendrá que decidir si adopta o no este cambio.
Esas mismas fuentes señalan a este periódico que el PSOE incluía en su programa electoral el compromiso con la estabilización de las cuentas de la Seguridad Social, y que esa idea "ya contemplaba que parte de la financiación al sistema fuera vía transferencias". "Se está estudiando pero no se ha terminado de articular en la anterior legislatura. Es el Gobierno el que lo tiene que decidir pero con la aportación de otros Ministerios como el de Hacienda", explican.
Devolución de préstamos
En caso de que el Ejecutivo decida aplicar este cambio, es poco probable que la decisión deba someterse al consenso del Pacto de Toledo, aunque quizá sí se plantee a modo de consulta.
Otra de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas es que la Seguridad Social amortice los préstamos que le ha concedido hasta la fecha la Administración Central, algo a lo que también parece acceder esta última. "La TGSS considera adecuado el criterio del Tribunal de Cuentas en el sentido de proceder a la amortización de los préstamos pendientes", dicen.
Sin embargo, esta declaración de intenciones que se repite año a año no se traduce en una amortización real porque ésta no puede producirse hasta que el patrimonio neto de la Seguridad Social no deje de ser negativo. "No es algo que se pueda hacer a corto plazo", apuntan desde el Ministerio.
En 2017 (fecha máxima que se utiliza en el informe del Tribunal de Cuentas) el Estado prestó 10.192 millones de euros a la Seguridad Social, con lo que a cierre de ese año su deuda total ascendía a más de 27.000 millones de euros. Los 17.000 restantes correspondían a un total de once préstamos que el Sistema recibió en el periodo de 1992 a 1999.
En 2018 el Estado le prestó 13.720,6 millones y en 2019 han sido 15.000 millones, con lo que esa deuda se ha incrementado considerablemente.
