Celebramos este viernes el 35 cumpleaños de la Constitución de 1978, un día importante y más que adecuado para hacer alguna reflexión y una apuesta de futuro. A la luz de la terrible Guerra Civil que los españoles padecimos el siglo pasado, y de los casi 40 años de dictadura que le siguieron, nadie puede negar que, además de haber sido la más longeva, la Constitución del 78 ha propiciado uno de los periodos más largos de paz, estabilidad y creación de riqueza que ha conocido España en toda su historia. Felicitarnos por esta realidad parece condición sine qua non para aludir con naturalidad al progresivo deterioro que, con el paso de los años, ha sufrido nuestra Carta Magna entendida como marco de convivencia entre españoles. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el diseño de Estado Autonómico en ella contemplado ha devenido en una especie de cervantino patio de Monipodio que hoy amenaza la propia integridad de la nación, por no hablar de otros asuntos, tal que la postración de la Justicia, que han hecho de la nuestra una democracia de muy baja calidad.
Aseguraba esta semana Alfonso Guerra, diputado constituyente, en una entrevista concedida a El País que: “Si yo hubiese adivinado en 1978 que algunas élites regionales iban a llegar a la posición en la que están hoy, probablemente habría tenido otra posición ante el Título VIII (…). Habría tenido más cautelas. No me habría quedado satisfecho con que los nacionalistas me dijeran hasta aquí llegamos y no queremos más”. Pero no han sido los nacionalistas los únicos responsables del envejecimiento prematuro de la Constitución, no, aunque su aportación haya sido monumental. Han sido los grandes partidos mayoritarios, con la propia Corona a la cabeza, los que se han empeñado activamente en el descrédito de ese marco legal de convivencia, decididos todos a utilizarlo pro domo sua y con desprecio del bien común y los intereses generales. El grado de desprestigio, por eso, que hoy sufren los políticos corre parejo al de esas instituciones a las que han carcomido, de modo que, si no se oxigena nuestra vida pública, corremos el peligro de terminar ingresando en la nómina de las democracias tercermundistas que abundan por el ancho mundo.
Han sido los grandes partidos mayoritaris, con la propia Corona a la cabeza, los que se han empeñado activamente en el descrédito de ese marco legal de convivencia
Desde aquí se ha sostenido que la crisis española es política y económica y que, sin resolver la primera, no cabe esperar una salida airosa de la segunda. Las encuestas sociológicas vienen indicando, machaconamente, que los ciudadanos desconfían del tinglado institucional y de quienes lo dirigen. No esperan nada o muy poco de los que gobiernan, y lo mismo de quienes se postulan para sustituirlos, porque unos y otros han demostrado hasta la saciedad su falta de aprecio por el interés general y su escasa pericia para ordenar los problemas que se han abatido sobre la nación. En consecuencia, individuos y familias tejen sus propias redes de solidaridad que, si bien útiles para la supervivencia, son absolutamente insuficientes para dinamizar la vida social y económica del país, y para insuflar ese hálito de confianza imprescindible para, con el respaldo de una seguridad jurídica plena, abrir sin miedo las puertas a un futuro marcado por un nuevo periodo de convivencia entre españoles.
Paso a un proceso constituyente
En un día como hoy, en el que la propaganda oficial intenta celebrar como un gran éxito el fracaso de un modelo, de un régimen político que pudo convertirse en una auténtica democracia y no lo consiguió por las malas prácticas de sus progenitores y beneficiarios, viene más a cuento que nunca la vieja expresión de “a grandes males, grandes remedios”. El orden constitucional ha sido subvertido y ya no cabe ni el posibilismo ni el beneficio de la duda. Han sido décadas de prácticas antidemocráticas que no sólo no se rectifican, sino que se siguen ejecutando con el mayor descaro. El último ejemplo, el del reparto del poder judicial. Podríamos añadir muchos más relacionados con procesos judiciales de campanillas o, fuera del ámbito de la Justicia, con la retahíla de escándalos que afectan a partidos políticos y sindicatos, por no hablar de la amenaza de ruptura territorial de España. El memorial de agravios es largo y sobradamente conocido.
En realidad hace años que los españoles llevamos a cuestas el cadáver de la Constitución de 1978 sin haber sido capaces de darle cristiana sepultura. Urge el cambio, en el bien entendido de que el cambio constitucional no supone ningún talismán, por mucho que resulte inevitable afrontarlo para restaurar el orden que han subvertido quienes lo niegan. Tampoco se trata de dar recetas o propuestas, porque éstas deberán surgir de la valoración de la experiencia y de las necesidades de la sociedad española del siglo XXI. Precisamente, para eso se pide el ejercicio de la libertad constituyente. Tampoco se trata de aguar una fiesta, porque no hay tal, salvo para unos pocos. De lo que se trata, en resumen, es de no seguir transigiendo con el esperpento del Ruedo Ibérico y de reclamar con firmeza civil un cambio de rumbo para España. Si algo de patriotismo constitucional queda, los españoles deben ser convocados cuanto antes a la tarea de reconstruir el Estado y sanear la vida pública, para ser capaces con ello de recuperar la autoestima y la confianza en el futuro.
