El acuerdo negociado en Buenos Aires entre Repsol, YPF y Pemex, o más bien entre los Gobiernos de España, Argentina y México –que de eso se trata, de una invasión del ámbito de la empresa privada por el poder público-, más que llamativo resulta escandaloso, al menos en lo que respecta a nuestro país. El Gobierno de Mariano Rajoy, que en la cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá pasteleó el pacto con su homólogo mexicano, Peña Nieto, según información adelantada por este diario, ha actuado como agente de dos accionistas significativos de Repsol, La Caixa y Pemex, ante el gobierno argentino, para rebajar las pretensiones indemnizatorias de la petrolera española, a quien Cristina Kirchner y sus Camporas habían expropiado con nocturnidad y alevosía el 51% de la filial YPF. De entrada estamos ante un ejemplo paradigmático de la eterna, de puro vieja, confusión entre lo público y lo privado que tanto daño ha hecho históricamente a este país, y que está en el origen de la mayoría de los casos de corrupción que asolan España.
La incautación de YPF por parte del Gobierno argentino fue un acto condenable desde todos los puntos de vista, que puso sobre el tapete las dudas sobre la gestión del problema por parte de los gestores de Repsol y la incapacidad de nuestro Gobierno para defender las inversiones españolas en el exterior. Como consecuencia de ello, se produjeron en otros países de la zona actuaciones similares que, aunque menos significativas económicamente, dejaron patente el alto grado de indefensión de nuestras empresas en América del Sur. Un triste baño de realidad sobre lo que somos y las fuerzas reales de que disponemos ante resoluciones poco amistosas de algunos Gobiernos de la región. En esa tesitura, los responsables de Repsol volcaron sus esfuerzos en armar una buena defensa jurídica de los intereses de la compañía ante los tribunales internacionales, aun a sabiendas de lo tortuoso del procedimiento y de la experiencia acreditada de incumplimiento por parte de las autoridades argentinas.
Brufau llamó a la puerta de Moncloa pidiendo ayuda, y la encontró por intermedio de ese gran experto en petróleo que es el ministro Soria
El esquema se quiebra cuando en el escenario irrumpe Pemex, la petrolera pública mexicana, cuyos intereses difieren de los de Repsol al estar vitalmente interesada en poner un pie en los yacimientos de Vaca Muerta (YPF), pretensión de imposible materialización mientras no se solucionara, literalmente a cualquier precio, el conflicto entre la española y el Gobierno argentino a cuenta de YPF. Y es entonces cuando Antonio Brufau llama a la puerta de Moncloa pidiendo ayuda para frenar las maquinaciones de la mexicana, poniendo así de nuevo en valor la vieja colusión entre lo público y lo privado antes aludida, tan apreciada ella por la mayoría de quienes regentan las antiguas empresas públicas “privatizadas” en su día de aquella manera por el Gobierno Aznar. Y el Gobierno Rajoy, por intermedio de ese gran experto en asunto petrolíferos que sin duda es el ministro Soria, se implica hasta las cachas en la solución de un conflicto privado entre empresas, rompiendo las reglas y convenciones del gobierno corporativo, y lo hace con el oscurantismo que caracteriza a todos los Gobiernos que en España han sido, y lo hace, además, para dar una salida a los intereses de Méjico y su compañía pública de petróleos en Argentina, puesto que el interés de La Caixa en la operación se nos escapa. Lo hace, en fin, rozando el esperpento de marginar en el tramo final al propio Brufau, burdamente burlado, que ni siquiera ha sido invitado a acudir al aquelarre de Buenos Aires.
Un pésimo acuerdo para Repsol
Quienes desde posiciones liberales, que desde luego no son las de este Gobierno, opinamos que una empresa privada tiene todo el derecho a defender el patrimonio de sus accionistas al margen, o en contra incluso, de lo que decidan éste u otro Gobierno, que es precisamente lo que acaba de suceder en Buenos Aires, debemos denunciar una operación que, además de hacer añicos las prácticas de no injerencia de los Gobiernos civilizados de nuestros entorno, ha terminado por rendirse a los intereses del Kirchnerismo con un mal acuerdo para Repsol, un acuerdo pésimo, porque no de otra forma cabe calificar esa oferta de 3.700 millones de euros cuando el valor de lo expropiado superaba los 10.500, como machaconamente se ha encargado de repetir Brufau, pagaderos además en bonos argentinos ilíquidos, cuyo cobro en todo caso supondría la aceptación previa de una quita muy considerable, siempre superior al 50%.
Repsol está empeñada ahora en hacer comulgar a la prensa con ruedas de molino. El acuerdo es malo, pésimo para la española
Las víctimas son muchas, por grande que sea el interés del Gobierno español, de La Caixa (de nuevo el señor Fainé como gran componedor en la sombra), y hasta de la propia Repsol, empeñada ahora en hacer comulgar a la prensa con ruedas de molino. Pierde, por supuesto, Repsol, que además de despedirse de la posibilidad de participar en Vaca Muerta -para este viaje, ¿no era mejor el acuerdo propuesto en su día por el denostado Luis del Rivero (Sacyr) y la propia Pemex?-. Pierde, desde luego, Brufau, un hombre que ha quedado totalmente desacreditado al frente de Repsol y a quien no parece quedarle otra salida airosa que la dimisión, este miércoles o dentro de varios miércoles, y pierde naturalmente el Gobierno español, que en Buenos Aires se ha tragado literalmente un sable sin pestañear, fiel reflejo de la debilidad y el escaso prestigio que ahora acompaña a España en toda clase de lances internacionales.
Naturalmente pierden los pequeños accionistas de Repsol, que por intercesión de un Gobierno que no tenía vela en el entierro se han visto privados de una parte del valor de su empresa. No es momento de aventurar el futuro, pero no resulta descabellado pensar que el ministro Soria se ha metido en un lío de consecuencias imprevisibles, en tanto en cuanto cualquier accionista extranjero de la petrolera podría llevar este acuerdo a los tribunales por lesivo para sus intereses. Está por ver lo que ocurre el miércoles en el Consejo de Administración de Repsol. La impresión es que dará el v/b al sablazo, previa petición de garantías elementales tales como que el Parlamento argentino en su conjunto lo apruebe y endose. Lo que desde el punto de vista político y democrático aquí nos interesa, a la luz de la presencia del Ejecutivo español tras las bambalinas del mismo, es pedir explicaciones, que esperamos algún grupo de atreva a reclamar en el Parlamento, del por qué y para qué de una involucración que, visto el resultado para Repsol, puede sentar un precedente letal para las inversiones españolas en América del Sur.
