El Parlamento ha convalidado este miércoles el polémico decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. La principal novedad de este decreto es el cambio en la definición de vivienda vacía, que pasará a considerarse como tal las 'okupadas', que lleven dos o más años sin uso y cuyos propietarios sean "grandes propietarios", como bancos y fondos de inversión, incluso si se ha iniciado un proceso de desalojo en los tribunales para recuperar los inmuebles.
La medida ha salido adelante con los apoyos de los partidos independentistas -ERC, JxCat y la CUP- y los 'Comuns', mientras que el resto de la oposición -PSC, PP y Ciudadanos- ha votado en contra al considerar que es inconstitucional, como señalaba el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), denominado popularmente como el Tribunal constitucional catalán.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha argumentado que la Generalitat debe dar "cobertura a las familias con vulnerabilidad", al tiempo que ha pedido a la oposición no hacer "demagogia" ya que la nueva modificación solo afecta a los grandes propietarios. A su juicio, este es un "peaje social" que deben abonar bancos y fondos de inversión por los rescates de 2010.
Así, ha cifrado en un 35% los casos de personas vulnerables que ocupan ilegalmente pisos de grandes propietarios. "Tenemos que dar respuesta desde el Gobierno" a estos casos, ha indicado, mientras niega que este cambio normativo produzca un "efecto llamada". "No es así, ni sobre grandes propietarios ni particulares", ha dicho.
Un decreto inconstitucional
Durante su intervención, Calvet ha evitado mencionar el informe desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias. El diputado del PP Santi Rodríguez ha considerado un "despropósito" estas medidas y ha abroncado al PSC por no instar al Gobierno de Pedro Sánchez a recurrir este decreto. "Una vivienda que esté ocupada ilegalmente se califica ahora como piso vacío. No es que sea solo inconstitucional, además vulnera la tutela judicial efectiva", ha asegurado el diputado 'popular', que ha reprochado el giro hacia la izquierda del que considera un "consejero de Convergencia".
Marina Bravo, diputada de Ciudadanos, por su parte, ha reprochado a Calvet que el Govern no haya tenido en cuenta el dictamen del Consejo de Garantías. "Si te ocupan el piso aunque hayas iniciado las acciones legales para recuperarlo, se considera vacío", ha lamentado Bravo.
Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC, ha tildado de "puro tacticismo político" la convalidación de esta medida. "Deben tener en cuenta el marco normativo en el que nos movemos, sino caen en la demagogia institucional", ha dicho Ibarra.
