La controversia en torno al número real de muertos producidos en España por coronavirus —el Ministerio de Sanidad había estado contabilizando hasta ahora a los diagnosticados en hospitales pero no a los que han fallecido en residencias o domicilios, lo que rebajaba sensiblemente la cifra total— ha traspasado nuestras fronteras. Ayer, el reputado diario The New York Times publicó un artículo en el que se hace eco de dicha polémica, destacando que, aunque en ningún país se está seguro de cuantas personas están muriendo por la pandemia, el debate en España está alcanzado una “singular ferocidad”.
Así, en Contando cuerpos y buscando responsables, el diario neoyorquino señala que, al igual que muchas naciones de todo el mundo que intentan medir el número de víctimas de la pandemia, España se ha visto obstaculizada por cifras poco confiables. “En una sociedad políticamente fragmentada, la confusión ha llevado a recriminaciones y advertencias siniestras, con políticos de la oposición acusando al frágil gobierno de coalición de encubrir los números reales”, relata.
Duras críticas de la oposición
A este respecto, recuerda que el líder de la oposición, Pablo Casado, afirmó en el Congreso la semana pasada que "los españoles merecen un gobierno que no les mienta" y que, dirigiéndose a Pedro Sánchez, añadió: "Díganos si es cierto que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales". Por otra parte, señala que el partido de ultraderecha Vox es quien ha impulsado las acusaciones más contundentes contra el Gobierno. Y es que esta formación llegó a publicar la semana pasada en redes sociales una foto manipulada de la Gran Vía de Madrid repleta de ataúdes cubiertos por banderas españolas.
“Oficialmente”, prosigue el artículo, “el número de muertos en España, que sigue siendo uno de los más altos del mundo, se acerca a los 20.000. Pero hay evidencia de que podría ser mucho mayor, con muchas muertes, especialmente en hogares de ancianos, no clasificadas adecuadamente como provocadas por coronavirus”. También hace hincapié en que, si bien el gobierno central aún no ha ajustado su cifra oficial de muertes, las cifras publicadas por algunas de las regiones de España han sido impactantes, particularmente porque han revelado hasta qué punto las residencias de ancianos han sido diezmadas a puerta cerrada —sobre este punto, ha trascendido que, según la información recopilada de las consejerías correspondientes en cada comunidad autónoma, los fallecidos en estos centros se situarían en torno a 10.000—.
Extremadura y Cataluña cuestionan las cifras
Asimismo, el diario destaca que “Gobierno central dice que tuvo que depender de los números proporcionados por las administraciones regionales que administran los hospitales públicos del país”, subrayando que eso ha desencadenado un “juego de buscar culpables” y que algunos líderes regionales se han contado entre los más críticos con el gobierno. Como ejemplo, señala el caso del líder del PP en Extremadura, José Antonio Monago, que sugirió este mes que había habido una orden del Gobierno para “ocultar el número real” de víctimas. También el del presidente catalán, Quim Torra, que, tras duplicar Cataluña su recuento de fallecidos esta semana al incluir los datos de las funerarias —alcanzando los 7.097—, señaló: “Ahora tenemos una situación mucho más clara en Cataluña. Desearía que el resto del Estado hiciera lo mismo”.
Finalmente, el New York Times mantiene que Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno rechazan las acusaciones de haber ocultado a propósito las muertes por Covid-19, aunque señala que las autoridades han comenzado a intentar medir de nuevo los fallecimientos.
El Gobierno contará los muertos en residencias
En este sentido, el Gobierno ha reaccionado a las críticas —sobre todo al movimiento de Cataluña— publicando hoy en el BOE que se modifica el sistema para contabilizar a los fallecidos, incluyéndose ahora a todas las víctimas “independientemente de su lugar de fallecimiento”. Con ello, se pretende especialmente contabilizar a las muertos que tienen lugar en las residencias de la tercera edad. Pese a ello, la nueva orden sigue exigiendo que las víctimas hayan sido previamente diagnosticadas mediante un test. De este modo, los que mueran sin pruebas aunque con signos evidentes de Covid-19 continuarán quedándose fuera del recuento oficial.
