La patronal catalana inicia su ofensiva contra la subida de impuestos de la Generalitat. Los catalanes pagan un 20% más en impuestos respecto al resto de españoles, según ha asegurado Foment.
La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre ha dado un paso más en su campaña contra los Presupuestos de la Generalitat, que contemplan fuertes incrementos en algunos impuestos. Hasta ahora había advertido de los riesgos de la subida de los tributos, y este lunes ha dado a conocer la receta para evitar tener que aumentar los impuestos.
Como ejemplos de las notables diferencias en materia tributaria, Foment ha indicado que la recaudación del impuesto de patrimonio ha crecido un 21%, la de sucesiones un 41% y la de transmisiones patrimoniales (ITP) o actos jurídicos documentados hasta un 63% entre 2014 y 2018, mientras el crecimiento de Cataluña en ese mismo periodo es del 17%.
Entre sus doce propuestas, presentadas a través de un comunicado, ha emplazado a suprimir el impuesto de Patrimonio y rebajar el IRPF y las cotizaciones sociales para incentivar el consumo. También ha pedido a la Generalitat dejar de aprobar nuevos impuestos en Cataluña, más cuando es la autonomía que más impuestos propios tiene en España, con 18. También ha pedido reducir el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Por otro lado, ha instado a la Generalitat a frenar el fraude fiscal para que todo el mundo tenga que pagar lo que corresponde. Además, insta a la administración catalana a incentivar el ahorro para la pensión, con recuperación de incentivos, especialmente a los mayores de 52 años y personas discapacitadas.
Para las empresas, ha pedido rebajar el tipo de Sociedades al 15% frente al 25% actual en las pymes y beneficios no distribuidos.
Para rebajar el precio de la vivienda, Foment ha instado a reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, mientras insta a suprimir los Documentos Notariales, una figura obsoleta para un sistema fiscal moderno.
En otro orden y de cara a atraer talento de fuera, la patronal ha emplazado a ampliar el plazo para el tratamiento de no residentes a los diez años.
Por último, ha instado al Govern a rebajar el IVA reducido y superreducido de las actividades básicas, así como implantar un régimen económico especial en los territorios menos poblados.
