España

Botín, FG y Fainé denuncian el trato de favor de la EBA hacia la banca alemana

Los grandes banqueros españoles critican lo arbitrario de los criterios contables establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a la hora de fijar cómo se deben reforzar los bancos. Tres son los criterios con los que la EBA pita a favor de Alemania y en contra de España.

Los grandes banqueros españoles critican lo arbitrario de los criterios contables establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a la hora de fijar cómo se deben reforzar los bancos. Tres son los criterios con los que la EBA pita a favor de Alemania y en contra de España.

El primer criterio que perjudica a España es el que obliga a actualizar el valor de la deuda soberana (el llamado mark-to-market). Las letras y bonos del Tesoro se deben contabilizar ahora con el valor que tenía el pasado 30 de septiembre. "La fecha es totalmente arbitraria", protestan los bancos que subrayan que sirve para que los bancos alemanes revaloricen al alza sus bonos (se anoten plusvalías) mientras que los españoles recortan sus balances un 2,9% de media. El primer banco español pierde con ese criterio 2.607 millones de euros; para BBVA, el ajuste de su deuda es todavía mayor; a La Caixa revalorizar sus bonos le supone menguar su balance en 524 millones de euros. Con la nueva contabilidad, ganan los bancos alemanes, franceses y suizos. Pierden los españoles y portugueses.

El segundo criterio que perjudica a España es cómo se contalos llamados "intangibles". Por ejemplo, el gasto en infraestructura tecnológica (ordenadores, sistemas de contabilidad, etc.) era, hasta ahora, capital sano. Ahora se contabiliza como capital dudoso. Para la banca española en expansión (que ha comprado entidades en Polonia, Turquía o Chile) eso significa tener que apuntar como pérdidas lo que hasta ahora eran inversiones.

El tercer criterio perjudicial es lo que se ha dejado fuera: las llamadas provisiones genéricas. Los bancos españoles no han conseguido que se contabilicen como ingresos las llamadas provisiones genéricas (ingresos que podrían ejecutarse cuando deseen las entidades). En el caso de La Caixa eso significa que 1835 millones que podrían contar como liquidez no se le tienen en cuenta. Tampoco a Bankia que podría sumar más de 1.700 millones. En ese caso, las cajas no habrían necesitado capital extra para reforzarse.

El resultado final es que tienen que reforzarse más a ojos del árbitro europeo quienes más solventes son según los árbitros tradicionales del mercado (las agencias de calificación), tal muestra la documentación que manejan las propias entidades afectadas con gráficos como este.

Críticas al árbitro y al gobierno español

Los grandes bancos protestan no sólo contra un criterio arbitrario de la autoridad bancaria europea sino también contra la que califican como "mala negociación del gobierno español" que ha aceptado todo lo que perjudica a sus entidades a cambio de beneficiar a las alemanas.

Los más altos responsables de la banca española no ocultan su malestar con el gobierno por su negociación en Bruselas. "Lo han hecho... muy bien" ha dicho con mucha seriedad y más sarcasmo el Consejero Delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

Francisco González, el presidente del BBVA, también ha sido crítico en público. Según ha dicho, la negociación ha dejado el trabajo a medias porque no se han contabilizado los llamados activos malos (inmobiliarios, en el caso español). "Si hay activos malos hay que quitarlos y recapitalizar el sistema. Es una fase que habrá que abordar", ha dicho ante los autónomos. A esas palabras en público se suman otras más gruesas en privado que califican los criterios contables de "arbitrarios" y "perjudiciales para España".

El último en abrir fuego ha sido el Presidente de La Caixa, Isidre Fainé, que ha asegurado que "no entiende" que no le dejen contabilizar recursos propios. Pese a lo que la entidad catalana define como  "arbitrio", Fainé ha asegurado que "las cinco entidades pasaremos muy bien esta prueba". 

Los analistas siembran dudas sobre la gestión del ejecutivo español. "El gobierno parece haber sacrificado la credibilidad de los bancos españoles a cambio de que el vehículo de rescate de los países compre deuda española", sospechan quienes analizan la deuda soberana.
 

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