Parte del Consejo del Banco de Valencia teme una "inminente" entrada del Banco de España en la gestión de la entidad, una vez que el supervisor ha concluido ya la inspección de la entidad valenciana. Según los cálculos que manejan algunos consejeros, el acta del Banco de España, que será comunicado a la entidad a lo largo de la próxima semana, descubrirá unas necesidades de capital del entorno de los 800 millones de euros.
Sin embargo, determinadas fuentes del sector aseguran que el Banco de España puede mover pieza, en forma de intervención, en cuanto informe al Banco de Valencia sobre su 'agujero' de capital, no antes. "Si no se ha hecho hoy -por ayer- es para que el proceso no distorsione la jornada electoral", asumen estas fuentes . "No creemos que pase de la próxima semana", aseguran varios accionistas.
En Bankia, cuya matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) es uno de los accionistas de referencia de Banco de Valencia, desconocen la posible intervención o nacionalización de su participada. Mientras, desde la entidad valenciana se pretende aparentar normalidad. "Continuamos trabajando en el plan de capitalización a través de la ampliación de capital. Aún no sabemos cuál será la necesidad real de capital porque la inspección del Banco de España aún no ha concluido", aseguran fuentes del banco valenciano.
"El Banco de España no da publicidad a sus actuaciones", insisten desde el supervisor. Sin embargo, en ningún momento, desde la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez descartan una posible actuación en el banco valenciano.
La entrada del Banco de España puede canalizarse a través de dos vías: la intervención y la nacionalización. En la primera, el supervisor toma el control total de la entidad e inyecta el capital necesario a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras la autorización de Bruselas. La segunda opción, el poder del Estado queda determinado según el capital que no pueda cubrir la entidad. El Consejo del Banco de Valencia tiene la autorización de sus accionistas de poder realizar una ampliación de capital de 60 millones de euros. Sin embargo, si se confirman los 800 millones de necesidad de capital, la entidad necesita del socorro financiero de Bankia o de sus otros dos accionistas de referencia, las familias Noguera y Aznar, para no ser nacionalizada casi en su totalidad. Desde Bankia se asegura que Banco de Valencia siempre ha sido una participada "financiera y no estratégica" para eludir su obligación de tener que cubrir su parte del agujero. Mientras, tanto los Noguera como los Aznar tampoco parecen dispuestos a inyectar ayuda alguna. Por tanto, la entrada del FROB sería mayoritaría en el accionariado.
Los consejeros se niegan a firmar los resultados del tercer trimestre
Aunque con cualquiera de las dos vías el banco valenciano perdería el control de la gestión, la intervención posibilita la aplicación de un Esquema de Protección de Activos (EPA), condición que exigirá cualquier entidad interesada en acudir a una eventual subasta. Además, la intervención aceleraría la purga de responsabilidades en cuanto a la gestión del Consejo y de su equipo directivo. En ese sentido, algunos consejeros del banco ya han solicitado consejo a varios bufetes de Valencia para conocer qué responsabilidad y con qué parte de su patrimonio deben responder si se demuestra que ha existido algún tipo de irregularidad en su gestión.
Algunos de estos consejeros han sido quienes se han negado a firmar los resultados del tercer trimestre, motivando el retraso de su presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "No quieren hacerse cargo de esas cuentas porque dicen que no han participado en la gestión de la entidad. Por eso no quieren firmar", explican fuentes conocedoras del proceso. El Banco de Valencia debería haber hecho públicos sus resultados el pasado miércoles.
En los seis primeros meses, Banco de Valencia ha obtenido un beneficio neto de 16,7 millones , lo que supone un descenso del 64,17% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A cierre de junio, el ratio de morosidad se situó en el 6,99%.