El próximo Gobierno no tomará una decisión definitiva hasta que no tenga todos los datos sobre las cuentas públicas sobre su mesa, pero si Mariano Rajoy hace caso de sus asesores económicos, en el decreto de prórroga presupuestaria no incluirá un nuevo recorte en los sueldos base de los funcionarios. Uno de estos asesores lo explica así: “La rebaja de un 5% sufrida este año por los empleados públicos ha sido una medida muy dura. Si Mariano hace caso de nuestras sugerencias, se limitará a congelar los haberes para el año que viene, aunque tenga que reducir algunas partidas relacionadas con los pluses y los complementos salariales. Ir más allá supondría, posiblemente, una provocación innecesaria para la función pública”.

El objetivo en última instancia es detener el aumento de la masa salarial, pues a pesar de la crisis se ha disparado un 7% en los últimos años en el ámbito de la administración pública. La culpa la tienen los acuerdos que la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega selló con los sindicatos del sector, echados por tierra por Elena Salgado después del trauma que vivió en el famoso Consejo Europeo de mayo de 2010 y compensados posteriormente mediante dádivas relacionadas con los fondos de pensiones y un amplio abanico de extras salariales. El objetivo era ahorrar 4.000 millones de euros.

Además del consejo de sus asesores para no provocar un nuevo desaire a los funcionarios, Rajoy ha conocido recientemente también la opinión de los sindicatos. Tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toxo le han dejado claras sus líneas rojas: un nuevo recorte salarial a los empleados públicos implicaría una dura contestación en la calle. De hecho, ya la está habiendo en las comunidades que han optado por esta vía de ajuste antes de que el Gobierno central se pronuncie en el real decreto de prórroga presupuestaria. Los compromisos contraídos por los gobiernos regionales con Economía les ha obligado este ejercicio a un ajuste de 11.000 millones, de los cuales más de 1.700 proceden de la reducción de costes de personal.

 Las mismas fuentes confirman que además de congelar la oferta de empleo durante varios ejercicios, el nuevo Gobierno pondrá sobre la mesa recortes de plantilla que afectarán al personal eventual e interino. Cerca de 15.000 contratados públicos figuran en la diana de este colectivo.
Algunas de estas medidas serán anunciadas por Mariano Rajoy en el debate de investidura que comienza en el Congreso el próximo lunes. La petición de sacrificios a los ciudadanos guardará cierta similitud con la que hizo Zapatero en mayo de 2010 cuando dio un giro de 360 grados a su política económica y bajo el lema de “cueste lo que me cueste” anunció el tijeretazo del 5% a los funcionarios, la congelación de las pensiones, el freno a la ley de Dependencia y la supresión de las ayudas a la maternidad, entre otras penalidades orientadas a la reducción del déficit hasta el 3% en 2013.

En esta ocasión, el cuadro que hereda el PP es todavía más preocupante debido al incesante desplome de los ingresos y el desfase registrado en la Seguridad Social, ya que no va a aportar las cuatro décimas positivas que preveía el Gobierno.