El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado este miércoles que esta legislatura que va a concluir se recordará por ser en la que el Gobierno andaluz "tomó decisiones" sobre las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), "denunciando, investigando y al mismo tiempo acusando a cualquier culpable". "Caiga quien caiga", ha apostillado.
"Ha sido en esta legislatura en la que hemos tomado la iniciativa", ha defendido, añadiendo que "en el mismo momento en que la Junta conoció la primera irregularidad la llevamos a los tribunales, creamos una comisión de investigación interna sólo con funcionarios, planteamos al juzgado cualquier irregularidad y nos personamos como acusación, y así seguiremos haciéndolo".
De esta manera se pronunciaba Griñán al ser preguntado por las últimas informaciones acerca de que parte de las ayudas se gastaron en droga y fiestas, ante lo que ha hecho hincapié en que, en caso de confirmarse, son hechos de 2004. "Si yo hubiera tenido conocimiento, lo habría denunciado, como es lógico", ha subrayado.
El jefe del Ejecutivo andaluz, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Málaga para anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 25 de marzo, ha afirmado que "en cuanto hemos tenido conocimiento de una irregularidad, ha sido denunciada y hemos pedido el reintegro, siempre y en todo momento".
“De lo que hay que hablar es de los problemas de los andaluces”
Sobre la utilización de este asunto en la campaña electoral, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha indicado que "de lo que hay que hablar es de los problemas que afectan a los andaluces", que, precisamente, serán "la base fundamental" del programa electoral del PSOE.
Cuestionado por la provincia por la que concurrirá, ha dicho que tendrá que ser una propuesta del partido porque "esto va de abajo a arriba". "El PSOE es un partido que elige democráticamente todo, a través de las bases", ha explicado.
De todos modos, el líder de los socialistas andaluces ha considerado que "la única opción razonable" pasa por Sevilla o Córdoba, mostrándose seguro de que los correspondientes secretarios generales se pondrán de acuerdo.