Este pacto entre el PP y el PSOE está ya en el horno y tiene como antecedente inmediato el acuerdo que ambas formaciones suscribieron también el pasado agosto para introducir en la Constitución el principio de Estabilidad Presupuestaria. El PSOE está pendiente de conocer cómo se define en la ley el déficit estructural y ha planteado la conveniencia de que se tome como referencia el planteamiento de la Comisión Europea, donde únicamente se introduce en este capítulo el pago de las prestaciones por desempleo, que en España suman más de 30.000 millones de euros.

La norma precisará que en el horizonte de 2020 debe regir un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración central ni del 0,14% en cada comunidad autónoma. En cualquier caso, estos porcentajes, sumados a los de la deuda, podrán revisarse en 2015 y 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, según evolucione la economía.

La predisposición socialista a respaldar la ley de Estabilidad es total, ya que su contenido recoge los compromisos que Zapatero contrajo con Bruselas. De hecho, en el Gobierno se destaca que España será el primer país de la UE que traslade a su ordenamiento jurídico los principios de estabilidad de la Unión. Todos los avances que haya en Europa serán trasladados automáticamente a la legislación nacional.

El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, presentó ayer esta norma como un “mensaje nítido a nuestros socios del euro y a los mercados de que España abraza de forma definitiva la cultura de la estabilidad presupuestaria”. La ley será enviada al Congreso antes de que el Gobierno apruebe los Presupuestos de 2012 a finales de marzo.

El próximo miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantendrá una reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juan Ignacio Zoido, para articular un acuerdo similar al que ya ha sido cerrado con las comunidades autónomas. Si a estas últimas Hacienda les ha concedido diez años para que devuelvan los 24.000 millones de los anticipos a cuenta, en lugar de los cinco previstos, a los ayuntamientos el Gobierno les dará el mismo plazo para reintegrar 6.000 millones correspondientes a los anticipos de 2008 y 2009.

Con posterioridad, se someterá el acuerdo a la Comisión Nacional de Administración Local, integrada a partes iguales por representantes del Gobierno y de los ayuntamientos. Estos últimos quieren también que Hacienda les explique bien el aumento del Impuesto sobre Bienes inmuebles incorporado al real decreto recientemente convalidado por el Congreso para ver de qué forma incidirá en la recaudación de este año. Este extremo es de suma importancia para los 8.116 ayuntamientos españoles, pues arrastran una deuda superior a los 30.000 millones de euros.